Introducción

En Argentina, el federalismo es un buen lugar para examinar las dinámicas contingentes de proyectos políticos que reclaman alguna forma de totalidad. Desde el proceso formativo del Estado- nación, las referencias al federalismo oscilan entre un valor de nación y una forma de valorar a la otredad nacional, la cual ha configurado un modelo disputado de jerarquías de gobierno y de reparto territorial del poder más que una doctrina político-jurídica o una práctica de soberanía compartida. Su valor histórico y constitucional para el funcionamiento diario de la gobernanza y las aspiraciones políticas, económicas y afectivas en escala estatal-nacional también se expresa en su importancia cotidiana y en coyunturas críticas del poder territorial, por ejemplo, en elecciones o en la gestión de emergencias pandémicas. Con el abertzalismo1 en el contexto vasco sucede algo similar. Este vocablo en euskera, referencia un valor nacional que contesta la cualidad estatal-nacional que lo enmarca. En España y en Francia, se asocia históricamente con una otredad amenazante, y expresa la desigualdad estructural y coyuntural de las demandas soberanistas de las naciones sin Estado frente al nacionalismo del Estado y la monarquía. La gobernanza jerárquica de territorios y poblaciones lo enmarca en una soberanía subordinada. Así, el abertzalismo también es un buen lugar para examinar proyectos e imaginaciones políticas donde se juega alguna forma de totalidad.

El objetivo de este trabajo es contribuir al estudio antropológico de la política en su productividad y llevar la teoría antropológica del valor de David Graeber a dos casos en los que examino las relaciones entre valores y totalidades sociales. Por un lado, la producción del federalismo por parte de los políticos que promovieron la creación de la Región Centro de Argentina, que desde 2004 conforman las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Por otro lado, la producción del abertzalismo por parte de quienes participan del movimiento social vasco Gure Esku Dago, surgido en 2013 en Guipúzcoa y con presencia en todo el territorio vasco. En ambos procesos políticos, sus protagonistas no solo resignifican conceptos, sino que producen valor al construir acuerdos, instituciones y formas sociales, sea desde la política institucional o el activismo, y producen al federalismo y al abertzalismo como aspectos importantes de sus acciones, incorporándolas en totalidades sociales más amplias y significativas.

Las contribuciones de Graeber (2013, 2018) facilitan un marco analítico que articula el estudio de las teorías del valor con una comprensión de la política como negociaciones entre valores y totalidades. Esto permite visualizar ciertas prácticas que, al mismo tiempo, cuestionan y sustentan a la pretendida forma unificada del Estado nación y contribuyen a la movilización política de lo que las personas identifican como valores nacionales. Graeber define el concepto de valor como « el modo en que las acciones adquieren significado para el actor al incorporarlas en alguna totalidad social más amplia » (2018, p. 35). Este enfoque del valor conecta analíticamente los conceptos de valor, acción y totalidad de una manera tal que no sólo hace posible estudiar la productividad continua de lo social, sino que también al hecho de que los grupos humanos definen el mundo de manera distinta, anteponiendo la pregunta de cómo se define lo que es importante. La obra de Graeber permite contrarrestar las tendencias comunes del instrumentalismo y los esquemas economicistas presentes en la teoría social y el pensamiento político contemporáneo que cuestionan el alcance de la noción de totalidad, y subrayan, en cambio, la importancia de la imaginación política y la praxis constituyente, desde un pensamiento no teleológico en el análisis de procesos sociales.

Los materiales en que me baso fueron desarrollados en dos investigaciones antropológicas etnográficas centradas metodológicamente en el uso de observación participante. Entre los años 2005 y 2014, examiné cómo los políticos de los poderes ejecutivos de tres provincias argentinas construyeron una forma de federalismo práctico en el marco de un proceso de integración subnacional. Los inicios de la Región Centro se solapan con la última reforma constitucional argentina, que habilitó coaliciones y acuerdos interjurisdiccionales en forma de regionalizaciones interprovinciales para el desarrollo económico y social. Interesada por la política regional y los valores nacionales, desde 2014 emprendí una investigación con los miembros de Gure Esku Dago (en castellano, Está en nuestras manos, y desde 2019 Gure Esku a secas), quienes transformaron la connotación y praxis del abertzalismo, tanto en su expresión de exclusivismo étnico propia del siglo XIX, como en su asociación con la secesión violenta desde el franquismo, tras seis décadas del conflicto armado. Este movimiento social vasco trabaja políticamente para instalar el « derecho a decidir » como un repertorio renovado del derecho de autodeterminación y una práctica democrática y pacífica del soberanismo en vistas a un futuro referéndum sobre el estatus político del pueblo vasco. Ambos casos están conectados a través de una mirada teórico-metodológica comparativa sin pretensiones de comparación exhaustiva de tipo sociológica sino orientada a cotejar el problema de las totalidades sociales significativas y la política del valor. La comparación procura estar en sintonía con la teoría del valor de David Graeber y sus implicancias para identificar cómo los actores políticos definen/producen lo que es importante.2

El artículo propone comparar dos casos y áreas raramente consideradas en conjunto, y dos procesos políticos contemporáneos disímiles para teorizar cómo la totalidad es una herramienta analítica y política que puede enriquecer el estudio del valor nación. Este acercamiento supone riesgos ya que estoy llevando una serie de discusiones hacia terrenos empíricos y conceptuales para los cuales no fueron originalmente pensadas ni debatidas; sin embargo, pese a su parcialidad, contribuye a explicitar la riqueza de los aportes de David Graeber sobre la relación valor/valores y la importancia de considerar a la acción productiva y creativa en el marco de totalidades sociales dinámicas. Las preguntas que me llevaron a comparar los casos mencionados fueron ¿qué es el valor, ¿cómo se relaciona con cierta noción de totalidad y cómo esto da cuenta de vías políticas productivas? Argumento que la política del valor nación es socialmente productiva y que una antropología de la política esclarece cómo los actores configuran la construcción social de la política. Estos actores individuales y colectivos producen federalismo y abertzalismo y contribuyen a lo que las personas identifican como valores nacionales como un proceso que va más allá de las demandas de reconocimiento político (para insistir en la autodeterminación como clave para la democracia) y más allá de la coparticipación impositiva (para insistir en que la mayor autonomía de la gestión pública territorial deriva en mejoras a la vida de los ciudadanos).

Una herramienta analítica y política

A contramano de la hegemonía postmoderna, en la teoría del valor graeberiana el concepto de totalidad es una herramienta analítica y también política, de crítica al capitalismo y a cómo podríamos imaginar alternativas al tipo de relaciones sociales que lo encarnan. Esta teoría choca con las tendencias actuales y el saber común de las humanidades y ciencias sociales que se han refugiado en una metateoría radical anticuada obsesionada por la deconstrucción, mientras que el mundo se vuelve cada vez más conservador (Graeber, 2018, p. 31). En las últimas décadas, junto a la consolidación de los enfoques posestructuralistas y las teorías de la acción racional, la noción de totalidad ha sido puesta en cuestión, cuando no desestimada. El rechazo a los sistemas totalizadores (nación, ciencia, humanidad, verdad, etc.) responde a una visión del mundo inexorablemente fragmentado y se expresa en el supuesto cínico y sombrío de que la acción política colectiva ya no es viable porque conduce a pesadillas totalitarias; solamente queda la lucha individual de identidades subversivas y formas de consumo creativo (Graeber, 2018, pp. 32-33). Sin embargo, esto conlleva una ironía, pues la imposibilidad de que haya un estándar de valor único se da en el marco del neoliberalismo, que configura un sistema monolítico y totalizante de valor a escala global. El triunfo del postmodernismo favorece en la práctica el relato monolítico de la globalización (Tsing, 2005).

En el contexto de la producción antropológica el problema es más complejo debido a que las relaciones entre totalidad y holismo suelen estar oscurecidas por el rechazo generalizado a la visión organicista del orden social (Otto y Bubandt, 2010). Desde los sistemas funcionales malinowskianos en condiciones de frontera (Gow, 2014) hasta las expresiones culturales arquetípicas (Marcus y Fischer, 1999), el holismo fue abandonado por considerarlo ahistórico y esencialista. En cambio, se acepta que los mundos sociales son espacios heterogéneos y fragmentarios, de ensamblaje estratégico, abierto y denso (Gibson y Sillander, 2011). No obstante, una comprensión crítica de los alcances abstractos y materiales de la sociedad como totalidad (Vibert, 2006) permite advertir las diversas formas del orden social y complejizar las usuales exclusiones entre igualitarismo y jerarquía (Buitron y Steinmüller, 2020).

En este trabajo subrayo el concepto de totalidad basándome en el proyecto de Graeber de producir una síntesis renovada entre la postura marxiana del valor-trabajo propuesta por Terry Turner (2008) y la postura maussiana que se centra en las inversiones entre sujeto y objeto como parte integral de la creación de lazos y obligaciones sociales (Mauss, 1979). En este esquema, el valor es una creación activa que emerge de nuestras facultades humanas. Somos proyectos de creación mutua y el valor es la forma en que tales proyectos se vuelven significativos para nosotros. El valor surge de « arenas sociales que son totalidades imaginarias », donde se realiza y de cuya reproducción depende; el valor es así parte de un proceso que no está fijado ni contenido en cosas (Graeber, 2013, pp. 226-228).

Contra los ideólogos del mercado que asumen que toda motivación surge del deseo individual posesivo, Graeber ubica el problema desde el deseo como un catalítico social y su reconocimiento frente a una audiencia, real o imaginaria, que funciona como totalidad. Esta lectura idiosincrásica de las ideas de Marx, de que las formas de valor sólo se realizan en un escenario mayor, también implica que la totalidad social en cuestión es cambiante y provisional porque se produce en el proceso de construcción por parte de actores que persiguen formas de valor (Graeber, 2018, p. 143). Así, no tiene mucho sentido diferenciar valor en singular y valores en plural. Si bien todo lo que los humanos hacemos, deseamos, sentimos, organizamos, etc. se asocia a valores, éstos no significan meramente estilos culturales o maneras en que se define el mundo colectivamente, sino más bien, ante todo, cómo definen lo importante. En este planteo, la sociedad es una especie de universo o de varios universos que hacen afirmaciones totalizantes rivales. Por esto es fundamental el rol crítico de la imaginación, ya que esos universos son audiencias, pero no en sentido de la opinión pública habermasiana sino de una totalidad que existe todo el tiempo de manera virtual en la imaginación de los actores. Lo que importa es su cualidad de condicional metafórico porque la vida política es, en última instancia, la negociación de cómo se relacionan valores y escenarios. Los modelos de totalidad proporcionan la arena social porque el valor sólo puede realizarse ante los demás. Las personas se relacionan, cooperan, luchan por establecer qué es el valor; éste es el poder social constitutivo que hace posible la sociedad (Graeber, 2009). En suma, se trata de un enfoque en el cual totalidad y holismo no se confunden. Mientras que, desde el punto de vista del actor, la totalidad sería la sociedad o audiencia de referencia. Clave para el análisis son todas las acciones involucradas en hacerlo posible.

Partiendo de esta orientación analítica, propongo que es posible un tratamiento productivo de las relaciones entre valores de nación y totalidades sociales. Estas relaciones hacen referencia a la productividad social de la política. Sobre este punto caben cuatro aclaraciones íntimamente relacionadas. La primera, el argumento de Marx y Engels (1974) respecto de que la producción es una praxis transformadora que incluye la producción de seres humanos y nuevas relaciones sociales, además de medios de subsistencia y necesidades sociales. La segunda, sostenida por buena parte de la producción clásica en antropología social, remite a la centralidad de los procesos políticos en la producción de la vida social (Gluckman, 1958; Leach, 1976; Godelier, 1989), y desde una perspectiva gramsciana, cómo la vida social desafía las determinaciones unidireccionales de lo simbólico y material (Crehan, 2016). La tercera, emana de investigaciones etnográficas desarrolladas en Brasil por el Núcleo de Antropología da Política y retomadas en Argentina, la cual propone una antropología de la política examinando la construcción social de lo político en lugar de asumirlo como esfera con actores, reglas y repertorios exclusivos (Gaztañaga, 2010). La cuarta consideración articula las anteriores en un horizonte conceptual específico: el tratamiento de la analítica graeberiana como valor en acción dentro de un proceso político continuo de producción de totalidad(es), donde la totalidad es una arena de contiendas por las condiciones de definición y de realización del valor. La dinámica productiva de los procesos políticos permite examinar los procesos vivos que surgen de las acciones más o menos institucionalizadas de personas y colectivos. En este trabajo propongo estudiar el federalismo en la Región Centro y el abertzalismo en el País Vasco, no como valores en el sentido de concepciones normativas y deseables, ni como recursos acumulables, sino como proyectos y productos de la acción de personas concretas que encarnan totalidades significativas. En este sentido ambos casos no están al margen de la contradictoria fragmentación del mundo y su totalización neoliberal; es más, expresan los efectos universalistas por los cuales el Estado neoliberal crea e impone un sentido de totalidad legítima y autorizada que presenta a otros valores nacionales como errores, caos y confusión. En la siguiente sección desarrollo estos argumentos a la luz de los casos etnográficos.

Totalidades y valores de nación

Como mencioné al inicio de este trabajo, mi interés por la relación entre totalidades y la productividad de la política se desprende de dos etnografías en las que actores individuales y colectivos trabajan por proyectos que ponen en juego valores de nación. Los promotores de la Región Centro con el federalismo y los activistas de Gure Esku con el abertzalismo, imaginan alternativas a los esquemas institucionales de soberanía y de las formas jurídicas establecidas por los Estados-nación. A continuación, sistematizaré los aspectos más destacados teniendo en cuenta las totalidades sociales a las que remiten los actores y cómo actúan los valores de nación.

Federalismo I: una región nueva

La Región Centro de la República Argentina surge tras la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 cuyo nuevo artículo 124 reformuló el federalismo, al establecer que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio, celebrar convenios internacionales y crear regiones con fines de desarrollo económico y social. Desde entonces, surgieron las regiones Centro, Patagonia, Nuevo Cuyo y Norte Grande. El caso de la Región Centro (RC) fue significativo ya que las provincias socias (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) pertenecían a diferentes regiones geográficas (Chaco, Pampeana y Mesopotamia) y mantenían acuerdos de cooperación con otros bloques que las separaban entre sí. Las regiones interprovinciales no pueden conformarse legalmente en un nuevo nivel de gobierno. Pero en la práctica, los promotores de la RC se jactan de valor político, especialmente para fundamentar la creación de instituciones, políticas públicas y las relaciones entre personas, instituciones y recursos para actuar y negociar de manera regional, entre sí y con el gobierno nacional.

El acto de lanzamiento de la RC tuvo lugar a mediados del año 2004 cuando tres gobernadores peronistas firmaron el Protocolo de Córdoba y explicitaron, sonrientes, que era el corolario de un largo proceso que iniciaron Córdoba y Santa Fe con un tratado interprovincial en 1998 al cual se unió luego Entre Ríos. Desde entonces, los gobiernos han tenido administraciones de partidos diferentes pero han mantenido viva la consigna de que la Región materializa un « federalismo verdadero ». Esta identificación es, en parte, un dispositivo cultural histórico-identitario afín a la ingeniería de las naciones y, en parte, una comprensión política de « justicia social y territorial ».

Cabe subrayar que en la continuidad de la RC ha sido importante el referéndum legislativo de las cámaras de las tres provincias y el accionar de sus legisladores nacionales (RC es el segundo bloque legislativo del país). También cruciales han sido los actores de la sociedad civil organizada, debido a la importancia de la RC en Argentina como segunda productora de agrocommodities primarias e industriales, industrias y servicios, y como generadora de divisas extranjeras a través de las exportaciones. Las organizaciones y entidades que representan a las fuerzas económicas (bolsas de comercio y cámaras empresariales) y entidades no gubernamentales (colegios de profesionales, organismos educativos y sindicatos) han promovido su creación y su sostenimiento.

La consigna de « un federalismo verdadero » frente al « espurio » de la subordinación centralista a la capital federal, Buenos Aires, convierte a la RC en una « herramienta de geopolítica » como un proyecto general que permite generar otros dentro del mismo. La RC posee una estructura corporativa donde los poderes ejecutivos (los gobernadores y sus equipos) sellan los acuerdos mientras que los legisladores y actores no gubernamentales (que participan en Foros de Empresarios, Profesionales, Organizaciones del trabajo y Universidades) se reúnen para dar su apoyo o expresar cuestionamientos. Desde esta estructura dinámica, fueron creando una « agenda regional » de políticas públicas, donde sobresalen proyectos de infraestructura (gasoductos, acueductos, viaductos, hidrovías, puertos y vías navegables), promoción productiva (estudios de cadenas de valor y misiones comerciales internacionales), adecuación legislativa y tributaria, programas y políticas públicas de salud, medioambiente, educación y deportivos. Como es de suponer, las relaciones entre los diversos gobiernos de la RC no han estado exentas de conflictos, sean internos o por sus compromisos diferenciales con las administraciones nacionales; pero para sus promotores este no es un problema sino una potencialidad ya que les brinda flexibilidad para proyectar acciones conjuntas. Las tres provincias también trabajan regionalmente para superar las disparidades de indicadores socioeconómicos entre ellas, y en el hecho de que las tres observan un contraste marcado entre el sur rico e industrializado y el norte empobrecido. 

Federalismo II: política interprovincial, políticas regionales

En el proceso de la RC, el federalismo como metáfora fundacional de la nación argentina cuyas partes se reconocen preexistentes al conjunto, es transformado en al menos dos grandes direcciones. Por un lado, como una gramática para la descentralización política y administrativa en el territorio, el paradigma neoliberal de las políticas públicas que impregna a la reforma constitucional de 1994 antes mencionada. Por otro lado, como una arena de disputa para hacer contrastes jerarquizados entre su concreción actual y su deficiencia histórica.

Desde su creación y hasta la fecha, ha sido muy usual la visión instrumental de la RC entre analistas de medios de comunicación y especialistas del comentario político, al definirla como un bloque para negociar con la nación en forma de ataque o trinchera, sobre todo por la dinámica político-partidaria de cooperación o conflicto. Frente a este estado de cosas, de nada sirve que los representantes y promotores indiquen que la RC tienen fines propios, no dictados por la agenda nacional, o que la regionalización es una herramienta suplementaria y sinergia de lo provincial para beneficios públicos y privados. Su respuesta es en el plano de los hechos: la producción del federalismo como un valor está en los proyectos regionales que hacen del mismo algo real, verdadero.

La agenda regional se compone de temas tendientes al desarrollo territorial equilibrado. Este proceso que implica audiencias superpuestas se materializa ritualmente como totalidad en la organización de eventos anuales de integración. Desde su creación los tres gobiernos financian estas reuniones institucionales donde funcionarios de los poderes ejecutivos y legislativos y los miembros de los Foros de la Sociedad Civil intercambian experiencias y agendas. Otra forma de totalidad conflictiva son los efectos de los procesos electorales, que podrían atentar contra la continuidad de una Región que no puede ser política ni tener institucionalidad plena, pero que son mitigados gracias a los trabajos políticos de proyectos regionales.

Abertzalismo I: ejercitar la decisión

El movimiento social Gure Esku Dago (GED) fue lanzado a mediados del año 2013 en un acto en la ciudad fronteriza de Irún, entre España y Francia. Sus fundadores y miembros más activos provienen de diversos activismos partidarios, lingüísticos, cooperativistas, deportivos y culturales. En un clima de desconfianza a la política institucional y de desgaste (sobre todo a fuerza de ilegalizaciones y detenciones) de diferentes expresiones organizadas de fuerzas independentistas vascas, GED busca traccionar socialmente el tema del estatus político del País Vasco sobre bases democráticas populares y convocantes. Así, oponiéndose a las expresiones violentas que lo afectaron por más de medio siglo, su labor se propone renovar los mecanismos, repertorios y las maneras de reclamar soberanía popular y el derecho de autodeterminación nacional.

Un antecedente de GED es un movimiento abertzale que entre 2007 y 2012 trabajó en tejer lazos de solidaridad con movimientos independentistas de Escocia y Cataluña a través de viajes, encuentros y festivales para promover el idioma, el folclore y los deportes rurales. También ligado al planteamiento del derecho de autodeterminación, el movimiento GED construyó una plataforma popular de mayor escala y « de la ciudadanía para la ciudadanía » orientada, no a clamar por la independencia en sí, sino a instalar socialmente el valor del « derecho a decidir » (Gaztañaga, 2021). Este nuevo derecho de autodeterminación adaptado a contextos no estrictamente coloniales, se convirtió en el eje del activismo de GED en vistas a un futuro referéndum consensuado con las instituciones de gobierno.

Así como la RC surge tras la reforma de la Constitución Nacional Argentina, GED toma forma en el contexto de una serie de cambios en el País Vasco. Por un lado, el anunciado final de la agrupación armada ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en 2018, tras la declaración del cese al fuego permanente, general y verificable en 2011. Por otro lado, un cambio de estrategia de la izquierda independentista, cuyas expresiones político-partidarias conformaron la coalición Euskal Herria-Bildu (EHB), segunda fuerza en el Parlamento Vasco. Un tercer elemento es el crecimiento socioeconómico y las condiciones emanadas del Concierto Económico Vasco, que regula las relaciones financieras con la Administración General del Reino de España; aunque hay controversias en torno a si una mayor autonomía fiscal es un factor dinamizador o enfatiza el statu quo.

La defensa abertzale de un horizonte democrático y pacífico en un país que por décadas ha estado sufriendo las consecuencias de todo tipo de violencias no es exclusiva de GED. Los especialistas del comentario político suelen denominar madurez ciudadana a este cambio, que se expresa, por ejemplo, en elecciones conceptuales nuevas como la reclamación de ciudadanía y derechos ciudadanos, la recuperación del término soberanía tras el rechazo al mismo por su identificación con el franquismo, y el hecho de que el nacionalismo étnico haya sido públicamente desplazado (Aretxaga, 2005).

GED se coloca abiertamente al margen de las estructuras partidarias, aunque sus miembros no ocultan que están en comunicación con los principales partidos abertzales y que en sus filas hay activistas. También cooperan con otras instituciones abertzales, entre las que sobresale la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización. El movimiento comparte con ellos una praxis autogestiva en base al trabajo voluntario y un trabajo territorial descentralizado pero coordinado, algo muy frecuente entre las iniciativas abertzales al margen de los Estados. Los gastos locales son asumidos por cada grupo local de GED y los nacionales se financian con donaciones de personas e instituciones, subvenciones e iniciativas concretas para reunir fondos tales como sorteos, comidas, espectáculos y venta de merchandising.

Abertzalismo II: ekimenak y galdeketak

A diferencia del nacionalismo que históricamente tomó al pueblo vasco como algo dado, GED se distingue por defender que el derecho a decidir está orientado a producir el sujeto colectivo de la decisión. GED realiza un trabajo político por derribar muros de aislamiento y generar complicidades entre personas con diferentes sensibilidades políticas. Les importa menos redefinir al abertzalismo como concepto que impulsarlo como valor en acción para catalizar los efectos unificadores de luchas y demandas plurales. En este contexto, la importancia del derecho a decidir va más allá de ser un nuevo paradigma jurídico que comparten como principio rector del proceso catalán, con cuyos protagonistas GED sostiene vínculos estrechos. Se trata de revitalizar un proyecto que ya estaba presente en la agenda política y social vasca, desde la transición democrática española (1978) y que el lehendakari Ibarretxe, a comienzos de los 2000 catalizó institucionalmente en la propuesta (rechazada en el Parlamento Español) de un nuevo estatus político. En los últimos años, este derecho tuvo un eco notable en las propuestas de los partidos abertzales de cara a la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Al tomar en cuenta las maneras en que el derecho a decidir prefigura y materializa el abertzalismo como un valor, surgen cuestiones interesantes sobre la importancia de las acciones. GED siempre ha tenido dos líneas de acción simultáneas y complementarias: ekimenak (actividades) y herri galdeketak (consultas populares). La primera refiere a grandes eventos masivos de reivindicación de nivel nacional en espacios públicos, urbanos y rurales, como cadenas humanas, performances populares, confección de urnas masivas en los principales estadios de fútbol vascos, mosaicos humanos y manifestaciones callejeras, siempre con una tesitura alegre de festejar la decisión como si ya estuviera ocurriendo. La segunda ha sido la organización de consultas ciudadanas, al estilo referéndum, aunque de tipo local y no vinculantes. Más de 200 municipios vascos llevaron a cabo esas galdeketak, en las cuales la participación osciló entre el 60% en pueblos pequeños y el 20% en ciudades.3 Los activistas definen a las consultas como « entrenamientos para ejecutar el músculo democrático ». Al ser siempre locales, han producido las audiencias del abertzalismo, al alentar el acercamiento entre personas a través del trabajo mancomunado, el debate y las reuniones periódicas sobre temas comunitarios.

Recapitulando

Tras haber sistematizado ambos casos en clave comparativa, quiero regresar brevemente a la teoría del valor graeberiana y cómo ésta permite trabajar las relaciones entre totalidades sociales y la productividad de la política. En dicha teoría el dilema no radica en si la acción es más condicionada y habitual o más creativa y consciente porque no parte del actor sino de la totalidad. Esta totalidad concebida en términos dialécticos hace que toda valoración sea necesariamente un proceso social de reconocimiento público donde se inserta la potencia de la acción. El valor no « surge de » sino que está arraigado en nuestras capacidades y aquello que en última instancia se evalúa no son cosas sino acciones (Graeber, 2018, pp. 101-103). Aquí hay una crítica teórico-metodológica: el valor es comparativo por su forma social, con lo cual no se confunde con la praxis bourdiana ni la agencia sociológica giddensiana. En cambio, se acerca a la performatividad intersubjetiva estudiada por la etnografía comparativa (Graeber 2018, p. 141).4

En los procesos que me ocupan es más apropiado hablar de valores de nación que de valores nacionales. Debido al carácter socialmente producido del federalismo y del abertzalismo, la fijeza escalar del guion entre la nación y el Estado (Aretxaga, 2003) se dinamiza acorde a las acciones sociales. Esta política del valor, además, contesta la escala de la política territorial: una nueva región vendría a materializar un federalismo verdadero (diferente del centralismo de facto) y soberanía popular democrática (diferente de las modalidades autoritarias). En este punto, podríamos preguntarnos si los modelos de totalidad en los que se realizan el federalismo y abertzalismo podrían ser explicados por la noción de « inclusión » desarrollada por Louis Dumont (1979).5 ¿No estamos ante totalidades que son contextos que se abarcan unos a otros y disputan en sus jerarquías? Efectivamente, desde un punto de visa abstracto, el valor emerge siempre del concepto de jerarquía. Sin embargo, desde el punto de vista de la política del valor, la legalidad es una arena de lucha y las totalidades no son entidades previas, sino abiertas y relativamente indeterminadas. Cabe señalar que las personas involucradas en la RC y en GED no cuestionan las jerarquías políticas per se (en el sentido doumontiano, que haya niveles más abarcadores o universales que otros), sino que movilizan al federalismo y abertzalismo como valores que instauran jerarquías diferentes. En términos graeberianos, no se trata de los significados del federalismo y del abertzalismo, sino en la acción creativa que los realiza como parte de un proceso de producción anclado en una totalidad virtual (real o imaginaria). Por último, y atendiendo al problema de la productividad social de la política, me interesa subrayar la relación entre imaginación y creatividad que remite a las experiencias de mis interlocutores en sus respectivas arenas de realización del valor. Cuando los miembros de GED organizan una consulta suelen refrendar su legitimidad subrayando que la democracia no es votar representantes sino decidir realizar una votación. Este entendimiento puede verse de manera estratégica ante quienes desconfían de los intereses independentistas; sin embargo, es parte de un trabajo sostenido por practicar las bases reales de la democracia. En el caso de la RC, la posibilidad de construir un nivel regional en manos de las provincias es definir las condiciones para actuar de verdad al federalismo, donde autonomía significa incluso favorecer los intereses particulares en juego.

Conclusiones

En este trabajo busqué recuperar la noción de totalidad social a la luz de un concepto de valor anclado en la posibilidad de dar cuenta del carácter generativo de la política y su productividad social. Este movimiento analítico y político, constituye una manera de discutir con las dos grandes tendencias teóricas dominantes en la teoría social contemporánea: la asociación entre valor y significado que se detiene en la postulación de taxonomías y que presta poca o nula atención a la acción social, y la asociación entre valorización e intercambio que tiende a producir una imagen del mundo social a semejanza del mercado y de las personas como marionetas de deseos egoístas. A la luz del tratamiento etnográfico comparativo de las etnografías sobre la RC y GED, argumenté, siguiendo a Graeber, que un enfoque del valor debe atender a su realización, y que esto significa incorporar seriamente algún tipo de pregunta acerca de las totalidades significativas en juego para las personas, incluidos los analistas.

La mediación analítica de la noción de totalidad abre, en lugar de cerrar, la teorización de la política reuniendo actividad productiva y organización social. El caso de la RC y el del movimiento GED pertenecen a procesos políticos que giran en torno a una diversidad de valores muchas veces conflictiva (democracia, autonomía, soberanía, desarrollo, orden, riqueza, justicia, solidaridad, etc.), pero federalismo y abertzalismo son los más importantes desde el punto de vista de las acciones de sus protagonistas. Estos valores no son meras adjetivaciones alternativas a las que encarna el estado actual de cada Estado-nación. Se trata de valores en acción que producen totalidades socialmente relevantes, a la vez, imaginarias y reales, proyectadas e indeterminadas. Por ello la noción de región (lo regional) no es el valor principal que convoca a las acciones en ambos casos, sino un punto de partida a abandonar (el País Vasco como región española o francesa), o uno de llegada (una región política, aunque formalmente sea sólo para el desarrollo económico y social).

La política del valor nacional se trata de siempre de algún tipo de jerarquía o valorización simbólica y material constituyente. Esta política permite repensar las relaciones entre medios y fines más allá de que efectivamente haya intereses particulares en juego. Federalismo y abertzalismo son indisociables de las arenas de realización donde esos valores se realizan, y para ello las personas trabajan políticamente en los espacios donde se articula la geopolítica de la imaginación y la administración (Trouillot, 2011). En suma, para accionar un proyecto político es crucial la creación de una totalidad imaginaria. La coherencia de estas totalidades ––utópicas, deseadas, espurias, fallidas, etc.–– resulta de cómo van acomodando su institucionalidad y su dinámica escalar contingente. Examinar cómo se producen y sostienen proyectos políticos requiere conceptualizar a la política como una construcción social, que se apoya menos en una relación entre partes y todo, y más en una política de producción continua. Asimismo, requiere problematizar esa dinámica productiva en su contingencia y devenir; es decir, evitar naturalizar la teleología de los procesos políticos. También supone un papel central a la imaginación política y su prefiguración, lo cual significa romper con la asunción de que todo comportamiento político sea económico, acumulativo o una especie de ejercicio contable.