Introducción
El artículo plantea una reflexión sobre la necesidad de una conceptualización que permita acercarse al estudio y comprensión del fenómeno de desaparición de personas migrantes centroamericanas en tránsito. Partiendo de una crítica al potencial heurístico-analítico y político-social de la categoría de desaparición forzada para el fenómeno en cuestión y de la interpretación de situaciones sociales concretas, se identifican referentes teórico-conceptuales que deberían estar presentes en dicha conceptualización.
Sobre la base de los aportes de la teoría fundamentada (Trinidad Requena, Carrero y Soriano, 2006) y de la metodología configuracionista (Zemelman, 1987, 1992 y 2011; De la Garza Toledo, 2018), se parte de la experiencia de análisis e interpretación de variadas situaciones sociales concretas para identificar referentes conceptuales que permitan abordar el fenómeno de la desaparición de personas migrantes en tránsito. Estos análisis se han desarrollado en diversos trabajos, en el marco de una línea de investigación más amplia (Salazar Araya, 2017, 2019a, 2019b y 2020; Salazar Araya y Voorend, 2019).
La teoría fundamentada permite orientar y fortalecer el proceso de conceptualización sobre la base de «la emergencia de patrones sociales [identificados] a partir de los datos de investigación» (Trinidad Requena, Carrero y Soriano, 2006, p. 10), lo cual sirve de fundamento para la elaboración categorial. Es decir, el argumento se elabora de forma inductiva a partir de la presentación y análisis de dos casos de desaparición de personas migrantes que dan cuenta tanto de elementos que son comunes y centrales en la producción social de estos fenómenos como de la diversidad de rasgos y factores que los condicionan.
La identificación de rasgos y patrones permite (re)estructurar relaciones entre categorías y conceptos a partir del uso crítico y no deductivo de la teoría, permitiendo específicamente la «desarticulación de conceptos de sus corpus teóricos originales y de búsqueda de nuevas articulaciones a partir de la confrontación con lo empírico» (De la Garza Toledo, 2018, p. 15). En este marco, el análisis de los datos tiene un sentido crítico-constructivista y hermenéutico, desde el cual se reconstruye una estructuración teórica pertinente para el caso y «diferente de la idea positivista de teoría estándar, entendida como sistema de proposiciones vinculadas entre sí, en forma deductiva» (De la Garza Toledo, 2018, p. 16).
Las dinámicas migratorias centroamericanas se han ido consolidando como objeto de estudio sobre la región gracias al esfuerzo creciente de personas investigadoras de dentro y fuera de Centroamérica. Han sido estudiados fenómenos diversos, desde las migraciones laborales provocadas por la crisis económica de los años ochenta hasta la coyuntura de la crisis de 2008, pasando por la diáspora de las guerras civiles, la deportación masiva desde EE. UU. en los noventa —luego de los «Acuerdos de paz»— y la tendencia al aumento general de inicios del nuevo milenio. Las tendencias migratorias recientes que han estado siendo analizadas involucran condiciones históricas (pobreza, desempleo) y factores detonantes (violencia social e institucional). Sin embargo, un tema de creciente interés, pero sobre el que aún existen grandes vacíos de investigación académica, es el de la desaparición de personas migrantes.
Son cada vez más frecuentes los informes sobre violación a derechos humanos de personas migrantes en tránsito (Brian y Laczko, 2014; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, 2014; Knippen, Boggs y Meyer, 2015; REDODEM, 2020), así como los trabajos sobre las condiciones de violencia a las que se enfrentan durante el tránsito (Salazar Araya, 2017; Villalobos y Ramirez, 2019; Gómez Johnson y Espinosa Moreno, 2020), pero también en EE. UU. (Reineke, 2013; Reynolds, 2014; Reineke y Martínez, 2014; De León, 2015). Se ha puesto especial énfasis en visibilizar la situación de miles de personas extranjeras, en su mayoría centroamericanas, que viven en prisiones mexicanas —muchas sin condena o después de procesos judiciales irregulares (Centro Prodh, 2014)— o en centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), sometidas a diversas formas de abuso y violencia institucional y criminal (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova et al., 2015).
En relación con las investigaciones sobre desaparición de población migrante en tránsito, además de los trabajos académicos y periodísticos (Bejarano, 2002; Jacobs, 2011; Mejía Aguilar, 2014; Mastrogiovanni, 2015; Martínez y Díaz, 2020; Díaz Lizé, 2020), algunos con énfasis en Centroamérica (Varela Huerta, 2012; Carrasco González, 2013; Turati, 2015; Citroni, 2017; Duhaime y Thibault, 2017; Robledo y Garrido, 2017; Mora, Morett y Mora, 2017; Morbiato, 2017; Salazar Araya, 2017 y 2020; Martínez-Castillo, 2020; Gatti, Irazuzta y Sáez, 2020; Martínez y Gatti, 2020; Cuéllar Díaz, 2020; Gerardo-Pérez, 2020; Mendiola, 2021), los aportes también han venido de las propias organizaciones de familiares de personas migrantes desaparecidas en Centroamérica, así como de ONG con las que tienen vínculos directos (COFAMIDE et al., 2012; Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan et al., 2019). Ha habido esfuerzos de instancias estatales mexicanas de defensa de derechos humanos por documentar y reportar denuncias y respuestas institucionales en torno a situaciones de secuestro (CNDH, 2011) y desaparición de población migrante (CNDH, 2014), y de organizaciones académicas y sociales norteamericanas por documentar la desaparición en la frontera entre México y EE. UU. (Kovic, 2013; Martínez y Díaz, 2020), así como las fosas comunes y los cuerpos sin identificación (Reineke, 2013; Reynolds, 2014).
El artículo se estructura en cuatro apartados. Se presentan dos casos de desaparición que muestran, por una parte, continuidades históricas y elementos comunes en relación con otros contextos1 y, por otra parte, diferencias y distancias en lo que respecta a sus condiciones, factores y formas de operación. A partir de los casos se plantea un análisis crítico de la categoría de desaparición forzada en términos de su fecundidad analítica y de su utilidad social y política en relación con la desaparición de personas migrantes centroamericanas. Siempre tomando como base el material empírico, se elabora un argumento sobre la producción social de la desaparición de personas migrantes centroamericanas como parte de formaciones discursivas y estrategias de representación que acompañan y determinan las prácticas implicadas en la operación de los mecanismos de desaparición y en las formas de resistencia y agencia propias de las poblaciones migrantes y sus «comunidades políticas de búsqueda» (Gerardo-Pérez, 2020), específicamente los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas (CFPMD). Finalmente, se plantean algunas reflexiones sobre el ejercicio de conceptualización y las posibles vías para su fortalecimiento crítico.
Presentación de casos
El material etnográfico fue generado como parte del trabajo de campo de una investigación doctoral en antropología social (Salazar Araya, 2017) y a partir del acompañamiento y asesoría a dos organizaciones vinculadas con la problemática de la desaparición de personas migrantes centroamericanas2.
1. El reencuentro de Irma y Lucía
El testimonio se generó en el marco de un proceso de acompañamiento y trabajo voluntario de una de las personas autoras con dos organizaciones dedicadas a la documentación de casos de personas centroamericanas migrantes desaparecidas y a su búsqueda: el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO)3 (Salazar, 2020) y el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM)4. El vínculo surgió del trabajo realizado en el marco de anteriores caravanas de familiares de personas migrantes desaparecidas, que se organizan entre Centroamérica y México desde 1999.
«Martha Sánchez Soler, directora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), requiere un levantamiento y sistematización de información sobre dinámicas migratorias y casos de desaparición en la región del Soconusco, para mejorar los procesos de búsqueda en las caravanas. “También quiero que acompañes a dos madres que vienen de Honduras a seguir unas pistas de sus hijos”, me dijo al final de nuestra reunión. “De la hija de Irma ya tenemos información, y la idea es que se puedan poner en contacto, y Marina obtuvo muchas pistas de su hijo en Puerto Madero el año pasado, pero no pudo buscarlo bien porque la caravana ya terminaba”» (diario de campo, 12 de enero de 2015).
«Mi mamá se separó de mi papá cuando yo estaba muy pequeña porque tomaba mucho […]. Éramos doce, pero solo los últimos dos de mi papá […]. Sí le costó a mi mamá, ella lo que hacía era lavar y planchar para darnos de comer […]. Quise seguir estudiando, pero no pude […], luego conocí a alguien; no me casé, pero me fui con él y tuve cuatro niños, luego nos separamos porque era muy mujeriego, no era responsable y siempre peleábamos […]. Ahora con el papá de Lucía es igual, muchos problemas […]; estando ahora aquí me contó mi hermana que un día me llegó a buscar armado junto a otros hombres» (entrevista a Irma Rodríguez, 31 de mayo de 2015).
«Allá tengo un problema… Estuve como secretaria del patronato en mi comunidad varios años, mataron ya [a] dos presidentes […]; tenemos un pleito de tierras con otros propietarios [de un Banco] […]. El año pasado mataron a mi presidenta, y era tanto tiempo de ser secretaria que me eligieron [...]. Uno se levantó contra mí y [sic] hizo que la gente se pusiera contra mía […]. Ahora estoy amenazada por la comunidad, y esa comunidad tiene pandillas […]; llegaron a mi casa a medianoche, tuve que pedir patrullas […]. Salí, pero con miedo, les expliqué: “mire, yo no he hecho ningún trance con ningún banco, mucho menos con ningún abogado, yo lo que estoy haciendo es tratar de ayudarles, ahí traigo los documentos”. Pero no me creyeron […]. Él quería quedarse en mi lugar, porque sabe que al ganar el terreno, pues sí hay dinero […]. Luego me llamó el jefe de la pandilla […]. Está recluido en el penal, fui con miedo […], es expolicía; […] no me amenazó, solo me mandó llamar dizque para averiguar cuál era el problema, pero no creo porque ellos están al tanto de todo […]. Entonces… Lo de mi esposo más esto, más rápido me hicieron salir volando de la casa» (entrevista a Irma Rodríguez, 23 de febrero de 2015).
«El cipote solo tiene dieciséis años, el menor, bueno, de los míos, porque la niña [diez años] no es mía, es de Luci, yo la reconocí con mi esposo [porque] en ese entonces estaba muy pequeña, tenía diecisiete […]. Yo quería que estudiara, pero no pudo; miraba que no pasábamos bien, entonces decidió trabajar [hace una pausa]. A él se le metió en la cabeza algo muy raro, que por eso fue que tuvo que venirse… Prácticamente se vino huyendo porque ya no lo soportaba. Para serle más directa, él la violó […]. Siempre que había un problema de violencia yo interponía la denuncia, pero nunca les dieron seguimiento. Cuando la violación de Lucía, se puso la denuncia y desapareció del sistema […]. En Ocotepeque se quedó Lucía y nosotros nos vamos a Ceiba, se queda solita para que él la dejara en paz […]. Luego empieza a hostigarla por teléfono, incluso llegaba a buscarla, oiga bien, desde Ceiba hasta Ocotepeque […]. Cuando la niña cumple un año, le dice “vamos a celebrarle, pero quiero que vengas”. Lucía fue, pero contra su voluntad, llegó porque era la niña […]. Supuestamente ese día también tuvieron relaciones y supuestamente el niño también es de él, o sea, los dos niños de Luci que están allá son de él» (entrevista a Irma Rodríguez, 23 de febrero y 31 de mayo de 2015).
«Cuando Luci se viene [en 2005], ella llamaba, contaba por donde venía, pero entrando aquí en Tapachula perdí comunicación […]. Tenía diecinueve años y nunca había salido de la casa, no tenía experiencia y con la chica que se vino, mucho mayor, había andado en la calle […], pues se la trajo y la dejó botada […], porque a los días ella regresó. [Pero ¿eran amigas?] Pues no…, así de repente apareció, que ella la iba a venir a dejar y que conocía, que le iba a conseguir trabajo, todo le ofreció […]. Y ya de repente de regreso y le dije “¿mi hija?”, “no, ella allá se quedó, y tome”, me dice, tirando el número, “llame a este número si quiere hablar con ella”. Yo estuve bastante tiempo de llamar y llamar y no me contestaron […], y ya de repente me contestaron y me dicen “yo no estoy en la casa, su hija ya está en la casa”. [¿Cual casa?] A saber…. Y “llámela en la noche”. Todo el tiempo decían que estaba trabajando […], un hombre, mexicano […], la persona con la que está ahora […]. La primera vez que yo me contacté con ella, bien alegre me contestó “no mamá, no te preocupes, estoy trabajando y luego les mando para los niños”. Pero no, pasó ese mes, pasó el otro y el otro y nada […]. [Casi un año después lograron hablar brevemente]. La sentí como que estaba llorando y nerviosa, y me dijo “mamá cortá mejor, yo no puedo hablar, te marco otro día”, pero no me volvió a marcar y volví a perder comunicación […]. Ahí es donde mi mente empieza a pensar cosas feas, porque si no puede hablar y no quiere que le vuelva a llamar es que está en dificultades. Días enteros me perdía, mi mente volaba buscándola, sin poder viajar y sin tener con quién comunicarme, no sabía nada de COFAMIPRO, de las organizaciones […]. Por las noches lloraba, decía “¿qué le estará pasando a mi hija?”. Como había escuchado tantas historias de muchachas que violan, las golpean, que las llevan a casas y las encierran y les llevan hombres […], le pedía a Dios todos los días que me la protegiera y me la ayudara si la tenían secuestrada […]; estuve un tiempo que no dormía, no comía, me desesperé de una forma que me puse delgada, me hice hipertensa, llegué a tal grado que quería suicidarme» (entrevista a Irma Rodríguez, 23 de febrero y 31 de mayo de 2015).
«Alrededor de las 8 p. m. Irma llama a su hija. Mantienen comunicación desde 2013, pero Lucía no sabe que su mamá está en México, mucho menos que tiene visa. Al escucharla se emociona, le dice que la quiere, le pregunta por sus hijos y sus hermanos» (diario de campo, 24 de febrero de 2015).
«A las 11:30 a. m. nos ponemos rumbo a la casa de Lucía. Irma viene nerviosa y emocionada, y no deja de soltar lágrimas y risas. Cuando estamos frente a la casa baja del coche y se acerca, se escucha un grito y de inmediato Lucía se abalanza sobre su madre en un abrazo largo y lacrimoso, se sueltan, se miran como convenciéndose, y se vuelven a abrazar largamente. Atrás, los hijos de Lucía miran extrañados la escena […]. Al rato llega el esposo, un hombre de unos 50 años, de aspecto descuidado, acelerado, mal hablado y un poco ruidoso. Nos trata amable y nos invita a quedarnos unos días en su casa, y a Irma le dice que puede quedarse el tiempo que desee, “es su casa” […]. Se despide pronto[,] pues está en horario de trabajo (es taxista) […]. Lucía prepara almuerzo y nos sentamos a comer. Irma casi no suelta a sus nietos (un niño de 7 y una niña de 5), y se porta muy cariñosa con ellos» (diario de campo, 25 de febrero de 2015).
«Yo venía con una amiga con la que salí de Honduras, esa sí que era desmadrosa, hombre que conocía, hombre que… Y pue[s] resulta que me estaba insistiendo que la acompañara a una fiesta, y dale, y dale, y bueno, pues es que también yo aburrida de estar encerrada, la acompañé… Y ahí lo conocí… Él iba con el amigo de mi amiga… Y pues esa noche nos quedamos ahí, y luego resulta que mi amiga se fue y ¡se llevó todo el dinero! Me robó todas mis cosas, el teléfono que traía […]. Además, el teléfono de la casa, que ese sí me lo sabía, cambió, allá en Honduras le agregaron un número [en febrero de 2007], entonces yo no me caía la llamada […]. Él me llevó a su casa y ahí me fui quedando, y así fue que se fue dando nuestra relación […]. Yo nunca he estado enamorada» (entrevista a Lucía Rodríguez, 7 de marzo de 2015).
[En 2009, la Irma ve] «en La Prensa un anuncio de que estaban buscando personas que tuvieran familiares desaparecidos […]. No sé quién me llevó el periódico: “¡Mire! Que van para México a buscar migrantes”. “Ay, Dios, quiero ir, pero yo no tengo dinero”, digo yo. Entonces, ahí había un número, llamé, le conté la historia de mi hija: “ah, bueno, entonces necesito verla en la terminal, mañana nos vemos a las cinco”. Yo no tenía ni para el pasaje, pero conseguí, aunque sea me quedo durmiendo en la terminal, llegué y le conté. “Bueno —me dijo— nosotros salimos el domingo”. Ella se reunió con toda la gente que iba a viajar y les dijo “mire, la señora tiene este problema y no anda para su pasaje, entonces entre todos conseguimos y se lo damos”. Recuerdo que estuvimos frente a la catedral, hicimos una marcha en el parque con una cartulina que decía “somos familiares de migrantes desaparecidos, vamos hacia México y solicitamos su colaboración”. Recogimos para llegar hasta la frontera de Honduras, ya de ahí ella pagó para que nos trasladaran a Guatemala. Llegamos a Los Naranjos y estuvimos también pidiendo porque quedamos sin nada, pero ya ahí nos iba a recoger Martha [Sánchez, del MMM] y nos encontrábamos con las compañeras del COFAMIPRO […]. Ahí ya me sentía yo, imagínese… Tanta era la ilusión que ese mismo día quería encontrar a Luci […]. Anduvimos visitando albergues, reclusorios, íbamos a iglesias […]; nos llevaron a un cementerio donde entierran en fosas comunes todos los migrantes que han muerto […] a dejar flores por si acaso está ahí, pero mi corazón me decía que Luci no estaba ahí […]. Eso fue en 2009, 2010, 2011; en la caravana de 2012 no pude venir, pero ya había quedado documentado el caso. Había puesto hasta una denuncia [en México] […]. En 2013 publican la fotografía de Luci en Desinformémonos5 […]; es cuando se comunica con Martita, que le dio el día y hora que iban a estar de vuelta en Tapachula […]. Luci llegó y fue cuando me llamó Nelly [Santos, de COFAMIPRO] […]: “¿Irma?, ¿estás sentada?”. “Sí”, le digo […], y ya que voy escuchando “hola, mamá...” […]. Estaba sentada, pero yo creo que pegué al techo, yo gritaba, yo saltaba, yo quería salir corriendo para venir a verla, viera [sic] visto, la gente creía que estaba loca, mis hijos: “está loca mi mama”. Salía a la puerta y saltaba con el teléfono, gritaba, lloraba, me reía […]. Bueno, ya hablamos y desde entonces no perdimos comunicación […]. Ahora me vengo a enterar por qué la pobre nunca pudo mandarles a sus hijos […]. Prácticamente Luci era quien mantenía al esposo; al venir yo aquí me doy cuenta […] cómo les iba a mandar si tenía que sostener la casa. Dice que aun embarazada ella tenía que ir a trabajar» (entrevista a Irma Rodríguez, 31 de mayo de 2015).
«“Es que no me deja salir ni a la esquina”, comenta Lucía enojada, “y está pasando en el taxi a cada rato, y si ve que estoy con una clienta, ese día no me da para la comida… Ahora se quedó enojado, no quería que viniera”, explica. “Con él es un problema lo del estudio de ella”, agrega Irma, “no quiere y no quiere, está impidiendo es que mi hija se supere”, comenta molesta» (diario de campo, 7 de marzo de 2015).
«Lucía me cuenta que ya le quitó a los niños, no tienen muy claro cómo logró que la jueza le diera la custodia con la condición de que ella los puede ver en el momento que quiera. La jueza lo defendió diciéndole que así podía aprovechar para terminar de estudiar y trabajar» (diario de campo, 27 de marzo de 2015).
«Yo llegué en febrero, como al mes se fue él, dos meses de no estar en la casa y todavía quiere chequear a la hora que ella sale, a la hora que llega, con quién anda, dónde anda, qué anda haciendo […]. Tiene a los niños todos terapeados, cada vez que llega les pregunta “¿y su mamá qué hizo?, ¿a dónde fue?, ¿con quién estuvo?”. Como que los ha ido poniendo de su lado» (entrevista a Irma Rodríguez, 31 de mayo de 2015).
2. Luis es una necesidad
El testimonio se generó en el marco de un proceso de acompañamiento y trabajo voluntario con dos CFPMD de Honduras, el COFAMIPRO y el COFAMICENH. Durante el proceso, las familias de las víctimas hondureñas de la masacre de Cadereyta (2012) vivieron la experiencia de pasar de buscar a sus familiares desaparecidos a exigir información sobre las identidades de las víctimas y, luego, a reclamar la repatriación digna de los cuerpos (Turati, 2015; Salazar Araya, 2020). En ese proceso, decidieron organizarse como un CFPMD, empezar a documentar casos de su región y articularse con otras organizaciones de Centroamérica para sumarse a los procesos de lucha e incidencia.
«A las 6:45 a. m. salimos Marcia Martínez y Édita Maldonado de COFAMIPRO, Allan García (psicólogo), y yo, para el segundo de varios talleres que desarrollará el COFAMIPRO con familiares de víctimas de la masacre de Cadereyta [...]. Llegamos a las 9:30 a. m., en el salón ya se han hecho presentes varias de las [sic] familiares [...]. A las 10 a. m. e inicia el taller. Toma la palabra Allan, quien da la bienvenida y agradece la asistencia […]. Comenta sobre el sentido del acompañamiento psicosocial, sobre la importancia del trabajo grupal, y sobre su compromiso de “acompañar hasta que ustedes quieran” […]. Se van presentando una por una, las lágrimas empiezan a aparecer, las únicas dos familiares (madre y esposa) que aún no han sido formalmente notificadas por la Cancillería sobre la identificación de sus familiares como parte de las víctimas, se presentan más conmovidas, haciendo énfasis en que “aún no saben”, en que “siguen con esperanzas” […]. Memo y Leti Santos, hermanos de Luis Santos, una de las víctimas, a pesar de su evidente emoción y dolor, hablan con mayor fortaleza […]. “No es grato andar pidiendo restos”, dice Memo, “solo la cadena que hemos hecho entre nosotros es lo que nos ha permitido seguir y crecer en familia, porque esto ya no es una organización, un grupo, es una familia con un mismo sentimiento”» (diario de campo, 27 de abril de 2014).
«Leti me cuenta por la difícil situación que ha pasado los últimos meses: fue víctima de amenazas por parte de un grupo de narcotraficantes luego de que se negó a tramitar de manera ilegal un estatus de ciudadanía […]. Luego de varias llamadas amenazantes y de que mataran a sus dos perros, ella y su esposo decidieron irse […]. Él migró a EE. UU. para trabajar en construcción y tratar de reponerse de la difícil situación económica en que quedaron por renunciar a sus trabajos» (diario de campo, 27 de abril de 2014).
«Unas horas después llega Memo […]: “Ya un hermano nuestro había muerto durante una migración a EE. UU., al parecer asesinado por el coyote”. Esto significa que ya habían vivido la experiencia de la incomunicación, el peritaje forense, la identificación de ADN y la notificación de la muerte, pero del estado norteamericano […]. “No fue fácil, pero no ha sido tan difícil [como ahora], se tardó 3 meses […]. [¿En el primer caso tuvieron más respuesta de las autoridades?]. Sí, pero allá, porque aquí realmente la cancillería no nos respondió, actuó igual [...], la funeraria la pagamos nosotros porque si no lo iban a tirar a una fosa común”» (diario de campo, 14 de junio de 2014).
«Luis varios intentos hizo, y una vez regresó de México... Otra vez de Copán o de San Pedro se regresó... Y otra vez lo mandó a traer mi hermano que estuvo de residente como veinte años, pagó coyote y se fue… Del 2006 hasta el 2010 estuvo por allá. Cuando viene aquí a Honduras se da cuenta [de] que las condiciones siguen igual o peor y había condiciones que necesitaba solventar […], él ya había experimentado y las podía solventar yéndose nuevamente […]. Construir casa es difícil y todo el mundo sueña con tener casa […] ¿Te imaginás alquilar? ¡Es demasiado! Entre cinco y siete mil lempiras y el salario mínimo está en 7000-8000... Aparte no hay trabajo pue[s], aquí la industria es extranjera..., estás produciendo para otros y lo único que te quedan son necesidades, eso es lo que nos hace migrar. Luis es eso pues, Luis es una necesidad» (entrevista a Memo Santos, 18 de junio de 2014).
[Carla Días se casó con Luis un año antes de que se fuera y tuvieron un hijo] «Yo me casé ya grande... él estuvo un año con nosotros y se fue […]. Estaba metido con que ya casado se iba a ir a hacer su casa…, pero no…, no logró... Duramos más de novios que de casados […], la distancia hace que…, [lágrimas] pero no, él nunca se desentendió de nosotros, por muy poco que ganara siempre me mandaba para el niño […]. Fíjese que dos días antes de irse, que yo no sabía que ese día se iba, yo soñé que lo anduve buscando donde la mamá, donde la hermana, y no lo hallé por ningún lado» (entrevista a Carla Díaz, 18 de junio de 2014).
«Un día me llamó, que le enviara dinero, pero no tenía […]; en mis adentros dije “pobrecito, a ver cómo va sufriendo ahí”, entonces le dije “decile a John”, un amigo norteamericano […]. John después vino a visitarme cuando murió, vino a darme el pésame y me trajo todos los recibos del dinero que le había enviado, bastante le mandó […]. [¿Ustedes creen que ese dinero era para entregarlo a los que los tenían?]. No, porque fue antes, y dice John que Luis no le hablaba como que lo estaban secuestrando, le hablaba tranquilo. [¿Y cómo está eso de que el coyote los entregó?] Como dicen ahí Los Zetas, “si el coyote no les paga por cabeza, no pasan”, y el coyote no pagó por los cipotes ¿Qué otra explicación hay? Mirá, me dijo Geiner [migrante que sobrevivió al secuestro] que Luis gritaba…, [se le quiebra la voz] y yo le conté a Memo, yo muriéndome, llorando delante de él […]. [¿Y a él por qué lo soltaron?]. Es pariente del coyote..., dicen que les chiflaron, cuando llegaron Los Zetas chiflaron y dijeron “en el cuarto tal, ahí están listos”. Yo creo que ahí mismo los mataron, en la casa […], dicen que después a él lo mandaron a callar, que se callaba o no sé qué onda, pero dicen que todavía no se recupera de todo lo que vio […]. Imagínese que corazón de pendejos, que dicen que los guindaron de los pies, cabeza para abajo […], les cortaron la cabeza y los brazos, las manos, los pies…, dijo Geiner que cuando había escuchado esa gritadera, de ahí…, no oía nada, todo callado…» (entrevista a Carla Díaz, 18 de junio de 2014).
«No nos hacen una notificación oficial, sino que todo empieza en el ambiente, pasaron las noticias por una televisora internacional que hubo una masacre en Cadereyta y que andaban unos hondureños, luego salió una foto y así se iban relacionando las cosas, pero el Gobierno muy corto en buscar información […]. [Fueron] algunas personas que estaban cerquita, que tenían contactos allá en México y nos informaban […]. O sea que nosotros supimos antes de que el Estado de Honduras nos informara […]. La parte oficial se da cuando empezamos a buscar, a recoger información […]; fue cuando los antropólogos argentinos [el EAAF] vinieron a recoger muestras de ADN. [¿A ustedes les tomaron dos muestras?]. Sí, una los argentinos y la otra después el Gobierno, de medicina legal o forense del Ministerio Público, pero no sabemos para qué, no nos dieron informe, nada» (entrevista a Memo Santos, 18 de junio de 2014).
«Por medio de internet comenzamos a buscar, primero en la casa del migrante [de Saltillo], y de ahí fue que me dieron el correo de Ana Lorena [Delgadillo] y pude comunicarme con Verdad y Justicia […]. Cuando me dijeron que el caso lo tenía Verdad y Justicia fue un alivio, con ellos sí hemos recibido respuesta, la información ha sido creíble […]» (entrevista a Leti Santos, 15 de junio de 2014).
«Platico con Memo y su mamá, quien me cuenta de sus malestares, muchos a raíz de lo que le pasó a Luis, “me hice hipertensa”, me cuenta triste, “y a veces también me pasa que me dan ganas de salir corriendo”. Su esposo tiene problemas cardíacos y se pone muy mal porque ella se pone a llorar dormida, y eso lo pone nervioso […]. Luego, sin que su madre escuche, Leti me confiesa que su gran temor es que su papá se muera en el entierro de Luis» (diario de campo, 15 de junio de 2014).
El concepto de desaparición forzada
Tal y como ha señalado la literatura al respecto (Gatti, 2017; Gatti y Irazuzta, 2019; Gatti, Irazuzta y Martínez, 2019; Gatti, Irazuzta y Sáez, 2020; Sferrazza-Taibi, 2020), la categoría de «desaparición forzada» ha sido central en la realización de estrategias de denuncia y de procuración de justicia a las víctimas y sus «comunidades políticas de búsqueda» (Gerardo-Pérez, 2020). Esto implica dos cuestiones: que su contenido semántico y conceptual se corresponde particularmente con una manera muy específica (positiva, en términos jurídicos) de entender el fenómeno y abordarlo como problema público, y que las condiciones y factores asociados a su ocurrencia se limitan a dinámicas específicas de conflicto social y político y de control estatal. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas entiende la «desaparición forzada» así:
«[…] la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes» (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo II; énfasis propio)6.
Como concepto y como categoría jurídica la noción es limitada en lo que respecta a su alcance analítico y al grado de incidencia política (González Villareal, 2012; Salazar Araya, 2021). La frase en cursiva reduce el universo de casos a aquellos en los que hay participación estatal y esta es demostrable. Para su enunciación y la activación de sus implicaciones políticas y jurídicas deben darse un conjunto de condiciones, entre las que destaca la necesaria actuación (por connivencia o por acción) de alguna persona funcionaria o de alguna de las instancias del Estado. Esto es contraproducente ante el contexto actual de desaparición de personas centroamericanas migrantes, ya sea por la especial relevancia que toma la opacidad de la frontera entre el Estado y otros actores sociales —particularmente los vinculados al crimen organizado— o justamente por la centralidad que tiene la aparente ausencia del Estado como condición de posibilidad para la realización de la desaparición.
Son muy diversos los intereses y agendas implicadas en la activación de un mecanismo específico de desaparición (secuestro, asesinato, incomunicación forzada, reclutamiento forzado y trabajo forzado, entre otros). En los casos presentados vemos fuerzas que van desde la violencia de género y la cultura patriarcal y machista, que produce una incomunicación forzada (entre otras formas de violencia), hasta la violencia criminal y la disputa de los cárteles por el control y uso del espacio, particularmente de las fronteras. Detrás de un caso de desaparición que puede ser vivido por las personas familiares de formas muy semejantes, podemos encontrar actores, fuerzas e intereses muy distintos, aunque definitivamente existan diversas formas en las que los Estados participan de la activación u ocultamiento de la realización de mecanismos de desaparición.
Por un lado, se evidencia un conjunto de técnicas estatales de inacción que, aunque muchas responden a debilidades estructurales (falta de especialización de funcionarios, escasos recursos, corrupción, etc.), pueden entenderse como prácticas de desatención articuladas a mecanismos más amplios de omisión o invisibilización de la desaparición de personas migrantes. En la ejecución de estos mecanismos vemos tanto la participación de instancias estatales del país de tránsito (sobre todo de México) como de los países de origen, particularmente los consulados. Al respecto, la CIDH ha revelado que «suele haber demoras en los procesos de investigación cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes», y que «las labores de búsqueda se reducen a las llamadas telefónicas y las visitas domiciliarias» (CIDH, 2015, p. 74). Por otro lado, también es evidente otro aspecto del fenómeno:
«[…] los procesos de formación de estado se realizan, también, desde la maquinaria narco-empresarial que está detrás de las formas de violencia y las tecnologías de desaparición, y que participan de la extracción de valor mediante mercados de trabajo esclavo y mecanismos extorsivos de captura de renta. Es decir, la desaparición de personas migrantes está asociada a formas de valor social que sirven tanto a los procesos de formación de estado como a la reproducción del capital criminal» (Salazar Araya, 2021, p. 403).
En estos procesos la violencia opera como lógica reguladora de control y de extracción de valor. Se trata de explotar un recurso humano para trabajos relativos al crimen organizado (Mastrogiovanni, 2015), es decir, un desvío de fuerza de trabajo y de valor (Appadurai, 1991). Resultan esclarecedoras, en este sentido, las palabras del exobispo de la diócesis de Saltillo, el presbítero Raúl Vera, así como las de Alberto Xicoténcatl, encargado del albergue para migrantes Hermanos en el Camino:
«El asunto de los migrantes es un negocio. Hablando de desaparecidos, la mayoría son personas en edad de trabajo y la mayoría varones […]. Y luego son trabajadores, y hasta parece ser que también necesitan ciertas especialidades […], como que están armando sus cuarteles, como que necesitan personal […]. La lectura que hacemos nosotros es la descarada ayuda que a través de muerte le ofrece México a Estados Unidos para que no lleguen los migrantes a la frontera; ahora, incluso están los Zetas ayudando, porque ahora cobran. Ah, les dicen, “¿quieren pasar?, pues pagan peaje”» (cit. en Mastrogiovanni, 2015, p. 164‐165).
«[…] para tener más recursos económicos, con mano de obra barata de profesionistas y técnicos, lo más sencillo es la esclavitud […], así que muchos migrantes, para ser esclavizados, se vuelven víctimas de desaparición forzada» (cit. en Mastrogiovanni, 2015 p. 166).
Las experiencias migrantes muestran que el fenómeno de la desaparición se expresa y actualiza en un conjunto amplio y diverso de situaciones que difícilmente pueden describirse integralmente bajo una única categoría. Pero esto no quiere decir, a tono con lo que apunta la teoría fundamentada, que no sea posible identificar en los casos, patrones que permitan determinar fundamentos conceptuales y premisas teóricas que deban ser incorporadas en cualquier ejercicio reconstructivo y de abstracción frente al fenómeno. Desde un punto de vista empírico, el fenómeno demanda pensar y establecer de forma relativamente precisa términos conceptuales que parecen indispensables tanto por su sistemática presencia empírica como por su centralidad en la estructuración teórica.
Retomando la propuesta de De la Garza (2018), planteamos que en torno al concepto ordenador de «desaparición» emergen al menos dos elementos teóricos con los que este necesariamente se conecta y que surgen del proceso inductivo de abstracción a partir de los casos y el sustrato empírico: formas de violencia y formas de movilidad. Estos términos teóricos, no necesariamente provenientes de las mismas estructuras teóricas, pueden rearticularse de forma más dinámica en función de las exigencias inductivas y analíticas de cada situación concreta.
Estos elementos no están tan claramente presentes en los fenómenos descritos bajo la categoría de «desaparición forzada» ni en el contenido semántico que esta implica. Los mecanismos que vemos operando hoy en la desaparición de personas migrantes, aunque definitivamente contribuyen a ciertos proyectos hegemónicos y de clase, lo hacen de forma menos directa que en otros contextos.
Discursos y estrategias de representación
La consideración crítica sobre el potencial heurístico y político de la categoría de «desaparición forzada», así como los elementos emergentes del material empírico, tanto de patrones como de divergencias, dan pie a la necesidad de comprender la producción social de la desaparición de personas migrantes centroamericanas desde aproximaciones conceptuales específicas. En este marco, se propone entender la producción social de la desaparición no desde el esquema víctima-victimario o exclusivamente desde la acción estatal o criminal, sino como producto de las formaciones discursivas y estrategias de representación y territorialización (Haesbaert, 2011) que acompañan y determinan las prácticas implicadas en las formas de acción e incidencia de las comunidades políticas de búsqueda.
En el marco de la lucha por la representación, los CFPMD han asumido los procesos de búsqueda, investigación, localización y estrategias mediáticas. Según Da Silva Catela (1998), la memoria y la experiencia cotidiana de las organizaciones resultan clave en el desarrollo de su consciencia sobre la desaparición, en las tecnologías de búsqueda y en las estrategias de representación discursiva que exigen y confrontan al Estado y a sus instancias judiciales, administrativas y técnicas. Esta formulación de demandas se topa con negligencia, falta de información, indiferencia y revictimización. Los CFPMD se han convertido en formas de capital social y político, que aportan recursos, discursos y prácticas que producen procesos de búsqueda y representación paralelos a los del Estado, estableciendo estratégicamente las relaciones con sus instancias y posicionándose frente a una lucha que consideran política (Salazar Araya, 2017, 2020 y 2021; Martínez-Castillo, 2020). En ambos casos vemos la centralidad de estas organizaciones y el tejido social, familiar y comunitario con el que se vinculan para la enunciación de la desaparición y la producción social del reencuentro.
El discurso estatal-oficial emerge en un contexto de negligencia e inoperancia en el que se entremezclan la ineficacia estatal, las políticas ausentes y las omisiones que invisibilizan la desaparición como un fenómeno social de carácter público. Esta construcción discursiva de aparentes casos aislados que no se abordan como un problema público más amplio se asienta sobre las bases de un sistema institucional débil, de subregistros, sin sistematización de datos, con ineficientes procesos de búsqueda y con la connivencia de actores estatales con el crimen organizado. Las personas migrantes se enfrentan tanto a la posibilidad de morir en la ruta como de quedar por fuera de la mirada estatal y social. La falta de registro hace de los datos oficiales fuentes no confiables y supone un reto para los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas (CIDH, 2015, p. 68).
Esto se imbrica con una débil procuración de justicia que amplía y profundiza la política de la invisibilización, que se apoya en discursos y prácticas estatales que reducen la importancia de las circunstancias y factores que condicionan la desaparición, y que legitima la utilización de un discurso técnico-especializado que domina el espacio público (Salazar Araya, 2021). Frente a esto emergen representaciones y discursos subalternos que materializan su postura crítica mediante la denuncia y la exigencia, pero también por medio de la organización y la incidencia (Salazar Araya, 2020).
El discurso de las organizaciones ha logrado colocar en el espacio público la discusión sobre la sistemática desaparición de personas migrantes, llevando a su reconocimiento y visibilización y denunciando el carácter «parcial y no centralizado» (COFAMIDE et al., 2012, p. 6) del registro en el que sustenta el discurso oficial. Esta línea discursiva de denuncia y contestación ha moldeado un poder contestatario y prácticas de lucha y resistencia y ha generado articulaciones con otros discursos y actores sociales interesados en «“sacar a luz lo olvidado y abandonado” para luego restituir el nombre a aquellos cuerpos perdidos […], cuerpos que necesitan ser nombrados» (Panizo, 2010, p. 33).
Estas comunidades políticas de búsqueda (Gerardo-Pérez, 2020) colocan su memoria de la ausencia en el espacio público transnacional a partir de enunciados de dolor, indignación y rabia que acompañan las prácticas de búsqueda. En esta disputa por el espacio (Haesbaert, 2011, p. 2011), sus procesos de organización y resistencia se enfrentan a mecanismos de control espacial que muchas veces operan desde un marco de economía de violencia (Salazar Araya, 2019b). Su discurso se construye desde un conjunto de actos de enunciación y búsqueda, articulados en una estrategia de incidencia institucional y representación social. Sus formaciones discursivas y sus expresiones de territorialización suponen, entonces, un despliegue estratégico mediante el cual las voces subalternas recorren, reterritorializan y resignifican el campo transnacional de la migración.
El relato estatal-oficial sobre el fenómeno de la desaparición hace efectiva una formación discursiva que individualiza, dispersa e invisibiliza dicho fenómeno y su dimensión estructural, mientras que las formaciones discursivas y estrategias de representación de la desaparición por parte de actores subalternos reconstruyen el alcance estructural de la problemática. Asimismo, enuncian el dolor humano asociado, así como su centralidad en los procesos de organización y subjetivación política gestados en torno a las prácticas de búsqueda, justicia y reparación.
Conclusiones
Centroamérica y México son hoy día una región de desaparición que «se ha transformado en un territorio en donde estar desaparecido es un hecho normal» (Morbiato, 2017, p. 144), aunque esta «normalidad» no necesariamente de cuenta de un mismo conjunto de factores, condiciones y características. En la historia de Irma y Lucía encontramos condiciones sedimentadas de pobreza, exclusión y desigualdad. A ello se suman factores que de forma más precisa detonan la movilidad como estrategia de sobrevivencia, particularmente la violencia de género y sexual en el espacio doméstico y en el tejido familiar, que forman parte de una estructura machista y patriarcal también largamente sedimentada. Pero también es una historia de construcción de alternativas. Una historia en la que la relación con el Estado es tensa y conflictiva debido tanto a su negligencia e inefectividad como a su centralidad en la activación de «dispositivos de metadesaparición» (Salazar Araya, 2021, p. 408) y de estrategias de difuminación e invisibilización del fenómeno de la desaparición de población migrante y su alcance como problema público.
Finalmente, vemos que la movilidad no solo constituye una condición presente en el proceso de desaparición, sino que también es una estrategia con un mayor alcance que se despliega y actualiza en diferentes momentos y bajo distintas dinámicas y desiguales alcances territoriales. De ello da cuenta la historia de migración de Irma a inicios de los noventa, así como la propia historia de movilidad de Lucía, con su salida a Ocotepeque para huir del padre abusador, su migración a México y su posterior huida de un matrimonio opresivo. También observamos la movilidad de Irma para producir el reencuentro con su hija y su posterior perspectiva de aprovechar el viaje para intentar llegar a EE. UU. con el fin de escapar de una particular situación de violencia comunitaria, social y de género.
En el caso de Luis vemos un contexto también marcado por la necesidad, aunque esta se encuentra más vinculada a un mandato en torno a la figura del hombre proveedor que a condiciones de pobreza extrema. Asimismo, encontramos situaciones de violencia social, estatal y criminal como factores desencadenantes de formas de movilidad interna que se articulan con la más amplia historia migratoria de muchos de los integrantes de la familia. Al igual que en el caso de Irma y Lucía, vemos tanto la indiferencia y negligencia estatal como su centralidad en la activación de ciertos componentes del mecanismo de la desaparición. Asimismo, se evidencia la configuración de una continuidad histórica y espacial de diversas formas de violencia, asociadas a mecanismos para la extracción de diversas formas de valor vinculadas a las fuerzas de traslado de la población en tránsito (Salazar Araya, 2019b).
En ambos casos, además, actores de la sociedad civil organizada ocupan un lugar central tanto en la construcción y enunciación de un discurso que representa y visibiliza el fenómeno y sus condiciones de producción social como en el despliegue estratégico para su contestación y la producción del reencuentro. Estos actores han diseñado una particular estrategia de resistencia y construcción de alternativas ante la desaparición, que se expresa en formaciones discursivas y en procesos de territorialización sintetizados en la estrategia de las caravanas de búsqueda.
Los casos evidencian que es necesario pensar un concepto de desaparición específico para el fenómeno de la desaparición de personas migrantes, que reconozca y permita abordar analíticamente la pluralidad y diversidad de campos, fuerzas y actores vinculados al fenómeno, pero que al mismo tiempo se configure a partir de componentes que emergen como inherentes al mismo: movilidad, valor y violencia. A partir de estos elementos, y bajo un procedimiento inductivo sistemático de teoría fundamentada (Trinidad Requena, Carrero y Soriano, 2006), es posible avanzar en la construcción de formas de conceptualización precisas para el fenómeno (De la Garza Toledo, 2018), tomando como concepto ordenador el de la desaparición, configurado, según corresponda, con las nociones de movilidad-valor-violencia.
En relación con el concepto de desaparición se evidencia una transformación histórica: el término se acuñó desde un ámbito socio-jurídico, limitado a conflictos político-estatales y situaciones dictatoriales y de guerra en Latinoamérica (Gatti, 2011; Robledo y Garrido, 2017). Sin embargo, en el contexto actual, el fenómeno de la desaparición en Centroamérica y México implica fuerzas, actores, campos e intereses más diversos y complejos, que no corresponden necesariamente a la categoría de desaparición forzada propia del derecho internacional humanitario y del pasado histórico dictatorial de la región (Robledo y Garrido, 2017, p. 158). Como señalan Martínez y Díaz (2020), el concepto de desaparición no puede ni debe delimitarse a una categoría cerrada con características únicas.
Mirar el fenómeno de la desaparición de personas migrantes centroamericanas en tránsito, así como las condiciones de su producción y operación, permite acercarse a un más amplio ensamblaje transnacional que se aprovecha de la movilidad migrante a partir de un continuo de formas de valor-violencia que acompaña sus experiencias antes, durante y después del proceso migratorio. Así, los casos dan cuenta de las condiciones de opresión, explotación y exclusión que hacen emerger formas de subjetividad y de organización y contestación política, pero también de construcción del mundo a partir de estrategias de territorialización y representación que muestran la constitución de un sujeto político.
En el caso particular de la producción y representación de las personas migrantes desaparecidas, se presenta una disputa discursiva entre el discurso estatal-oficial y el de las organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos (Salazar Araya, 2021). Esta se construye sobre un campo (Bourdieu 1989, 1990, 2001) de antagonismos en torno a la producción social de la desaparición, que se configura transnacionalmente (Jiménez, 2010). A la persona desaparecida, el discurso la produce y la representa, no solo desde una dimensión simbólica, sino desde prácticas y estrategias que entienden el lenguaje como un territorio de lucha política (Vizcarra, 2012, p. 45).
La memoria encuentra un lugar central en la producción simbólica y material de la persona desaparecida y se colectiviza en un esfuerzo que institucionaliza prácticas políticas y formas de articulación antecedidas por elementos de carácter afectivo, personal y de resiliencia. Estos sientan las bases para los procesos de toma de conciencia, de subversión del sentido común y de organización y politización; la imposibilidad del duelo personal es condición de posibilidad de sus prácticas políticas y discursivas.
Hacer del dolor algo común permite construir una voluntad colectiva de lucha, búsqueda y representación, que encuentra en la ausencia la condición necesaria para el despliegue de una indignación que conduce al accionar político, produciendo líneas de fuga ante la tragedia y la ausencia. Las organizaciones de la sociedad civil han generado estrategias y alianzas clave con diversos actores que permiten fortalecer la búsqueda y consolidar su organización política. En la constitución organizativa de los CFPMD se realiza un doble movimiento de producción y de poder: producen socialmente al desaparecido y se autoproducen políticamente desde la afinidad afectiva, política y subjetiva.