I. (No) fantasma
“Hay que reconocer que todos nosotros tenemos un pequeño Pinochet adentro.”
Armando Uribe
El 9 de Julio del año 2000, el poeta Armando Uribe Arce daba una conferencia titulada “El Fantasma Pinochet” en el gran auditorio de la Sorbona en París. Esta presentación, que ocurría en el marco de la conferencia “États généraux de la psychanalyse1” convocada por René Major, exponía el rol preeminente que habría tenido la figura de este dictador en la psiquis de los chilenos y chilenas durante los últimos 27 años. Así, planteaba: “No conozco ningún chileno que no haya tenido sueños y pesadillas en que aparece su figura, o que no haya tenido la fantasía de sentirlo, sentado sobre su cabeza, con los testículos colgando2.”
Se debe notar el número especificado por Uribe: 27 años, y no 17 que son los que duró oficialmente la dictadura en Chile, que puede ser datada discretamente entre el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, y la transición de mando hacia Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. Uribe, quién ni siquiera menciona la transición a la democracia en su texto, tan poca importancia como quiebre histórico parece tener para él, extiende con la cifra de 27 años la influencia traumática de la figura de Augusto Pinochet a los primeros diez años de post-dictadura.
Y cómo no comprender esta omisión de Uribe, incluso fuera de círculos familiarizados con el psicoanálisis; si Augusto Pinochet permaneció como comandante en jefe del ejército hasta el año 1998, año en el cual, de acuerdo a lo dispuesto por la constitución de 1981, asumió como senador vitalicio de la república de Chile. Cómo no comprender esta omisión si durante estos años la figura del dictador fue blanqueada de sus crímenes por la misma institucionalidad del estado, ensalzada, aún por algunos, como el “libertador de Chile”, el creador de su paz y prosperidad, y para los menos optimistas, como un “mal necesario” para el bienestar del país3.
Cabe recordar también, que, al momento de dictarse esta conferencia en París, hacía sólo cuatro meses que Pinochet había sido liberado y extraditado a Chile del juicio que el juez español Baltazar Garzón había iniciado contra él en Londres a fines del año 1998. Juicio en que el ahora ex general en jefe del ejército era acusado de genocidio, terrorismo4, y tortura de personas. Juicio internacional que vio, no sólo a la derecha intervenir a favor de Pinochet, entre ellos al actual presidente Sebastián Piñera, quién irónicamente escogió plantear la exigencia de liberación del ex-general bajo el pretexto de reafirmar la soberanía chilena frente al colonialismo español; sino también a personeros de la Concertación de partidos por la democracia, coalición de izquierda en ese momento en el poder.
Así, el mismo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, miembro de la democracia cristiana, y presidente de la república en aquella época, afirma en su cuenta pública del año 1999: “No formo parte de quienes – por diversos motivos, varios de ellos opuestos – prefieren que esta situación se prolongue indefinidamente. Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que el Senador Pinochet regrese a Chile durante mi mandato5.” Discurso en el que también plantea, y reconoce, la existencia y dolor de los detenidos desaparecidos, que sin embargo califica como pertenecientes a un pasado con una “pesada carga de divisiones” para la sociedad chilena. Esta “pesada carga de divisiones” ya había quedado patente momentos antes de que el entonces presidente pronunciara estas palabras, cuando en los escaños del congreso el diputado del partido socialista Iván Navarro se trenzara a golpes con el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) René Manuel García, a causa de una foto de Pinochet que otro político perteneciente a esa misma coalición, Iván Moreira, portaba en la solapa. En palabras de Moreira, llevaba esta fotografía para “emular” las fotografías de detenidos desaparecidos que carga “la izquierda” cuando demanda justicia. Aberrante comparación que pone a la misma altura a las víctimas y al verdugo, borrando la causalidad que tiene el mentado general sobre la muerte de estos desaparecidos, todos militantes involucrados de alguna forma u otra en la política de Allende. Ocultando también, que reivindicar al general es también reivindicar la legitimidad de estos asesinatos por parte del estado. Reivindicar, en otras palabras, el derecho del estado, al terror, y a la excepción.
Asimismo, el discurso de Frei Ruiz-Tagle si bien expone este conflicto, elige plantearlo en términos de dos partes en igualdad de condiciones que se enfrentan y están en desacuerdo, eliminando, también, aunque de forma implícita la asimetría de poder existente entre ellas. Implícitamente también, plegándose a la voluntad de la derecha, al apoyar el retorno del dictador6.
Por lo que, hasta ese momento, contrariamente a lo que plantea Uribe, Pinochet se encontraba presente no sólo como un fantasma, presente-ausente o más bien presente en su ausencia, en la vida psíquica de las chilenas y chilenos, sino que también es una presencia, directa y visible. La forma de su visibilidad, o hiper visibilidad, es la impunidad otorgada por los gobiernos de la Concertación.
II. Los fantasmas del estallido
El estallido social vio re-surgir en Chile otra clase de fantasmas. Fantasmas que son también síntomas, que si bien no corresponden directamente a la figura de Pinochet como individuo, sí guardan relación con las consecuencias materiales y existenciales de su mandato, y se desprenden, de la anteriormente mentada impunidad. Ni el informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), ordenado por Patricio Aylwin en 1991, ni el Informe Valech (Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura), ordenado por Ricardo Lagos y publicado en 2004, habían, con su establecimiento de los hechos, logrado exorcizar este fantasma. Esto no debe sorprender, ya que, si bien estos consiguen dar estatus de verdad a la muerte y a la tortura, vienen a ocultar a los verdugos7; proponen reparaciones simbólicas y económicas, pero no juicios a los perpetradores. En otras palabras, hay verdad, pero no hay justicia, o más bien esta queda suspendida, anulada y oculta por la administración pragmática de las problemáticas de la sociedad chilena que se impone a partir de los años 90.
Así, a partir del 18 de Octubre de 2019, no sólo se queman más de 20 estaciones del metro de Santiago, el edificio de la trasnacional ENEL, centros comerciales y supermercados. Cristalizaciones, vale decir, de la privatización de la esfera pública y de la instalación de la sociedad de consumo traída por la dictadura. Si no que también, con la energía del fuego y de la revuelta, vuelve a re abrirse, y a acelerarse, este tiempo y flujo históricos, que hasta ese momento habían permanecido detenidos. Así, tanto en las enunciaciones y acciones provenientes del movimiento social, cómo en los movimientos llevados a cabo por el gobierno para hacerle frente, pueden verse gestos que revelan una continuidad estricta entre dictadura y democracia en Chile.
Así, el estallido social, tal y como lo hizo hace casi 20 años Armando Uribe, viene a desafiar cualquier distinción radical y categórica, entre estos dos momentos clasificados como diferentes por la linearidad de la historia.
“No son 30 pesos, son 30 años” bien dice uno de los carteles cuyo contenido se ha viralizado en redes sociales. Lo que ha causado la revuelta, no es el detalle, ya nimio, de la historia reciente que es el aumento el pasaje del metro; lo que pasa ahora viene de un tiempo más profundo, un tiempo que parece empezar por lo menos en los años ochenta, en los alrededores de la entrada en vigencia de la constitución de 1981, que vino la mayoría de las veces a consolidar las reformas Pinochetistas que privatizaron empresas del estado.
Incluso Michele Bachelet, quien sufrió en carne propia los embates de la dictadura8, todo lo que hizo fue reformar los mecanismos neoliberales puestos en marcha por ésta, entre ellos el profundamente fallido sistema de pensiones, donde elige preservar la existencia de las AFP9, el cual solo viene a parchar con el “pilar mínimo solidario” impuesto por el estado. Así, la Concertación, abrazando el libre mercado como sinónimo de democracia, no hizo más que administrar estas reformas, que con el tiempo han vuelto a Chile uno de los países más desiguales de América Latina.
Tecnócratas y militares, administración y exterminio, son una coalición patente en el Chile de post-dictadura. El levantamiento de Octubre de 2019, sólo viene a enunciarlo en el espacio público.
Entre la evasión masiva de las estudiantes de liceo, las posteriores protestas que se desataron y masificaron, y la declaración del estado de emergencia a manos del presidente Sebastián Piñera hay dos días. Tan sólo dos días entre el comienzo de una revuelta popular, su presunta ingobernabilidad para el estado, y la salida de los militares a las calles de la capital y el establecimiento de un toque de queda. Todo esto acompañado de una declaración del Presidente que dice: “estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso”, declaración a través de la cual este declara implícitamente la guerra a su pueblo en revuelta. Estos hechos, y la retórica que los acompaña, no se sucedían en Chile desde 1973, cuando la junta militar declaraba a través de El Mercurio la existencia de una “guerra interna”.
Pero a diferencia de lo ocurrido hace más de cuarenta años, las imágenes de esta “guerra” que ha declarado el estado gozan de una hiper visibilidad, gracias a las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Se expanden videos de todo tipo: militares que marchan, armas en mano por avenida providencia; militares que tras el toque de queda dan 10 segundos a transeúntes para escapar antes de disparar, una estudiante de liceo que grita tras recibir un disparo en la pierna, policías que golpean niños, militares que disparan y arrastran cuerpos por las calles.
Así para el 23 de Octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos contaba cinco muertos, 173 personas heridas por armas de fuego, 140 lesionadas; cifras que no harían más que aumentar con el paso de los días. Entre ellas la denuncia de un joven estudiante que sostenía haber sido torturado por Carabineros de Chile, en la comisaría del metro Baquedano, la cual se encuentra junto a la ahora renombrada Plaza Dignidad.
En menos de una semana las acciones del estado chileno parecían replicar escenas de los peores días de la dictadura. ¿Y cómo no replicarlas? Con una policía como Carabineros de Chile que desde sus comienzos en 1927 nace bajo el alero de una dictadura, la de Carlos Ibáñez del Campo. Y, nuevamente, ¿Cómo no replicarlas? Si Carabineros de Chile fue una de las tres instituciones, junto a la armada, y las fuerzas aéreas, que originalmente organizaron el golpe de estado, y cuya estructura organizacional y militarizada permanece prácticamente intacta hasta nuestros días10.
El estado de urgencia en Chile dura 10 días, deja oficialmente 20 muertos, y 1.218 heridos. Esto basta para que, dentro del movimiento social, y en las calles, comience a decirse que Chile está en dictadura. Así comienzan a correr memes que intervienen una famosa foto de Pinochet, pero poniendo el rostro de Piñera en su lugar. En las marchas comienza a cantarse contra el presidente: “Piñera [...] asesino, igual que Pinochet”. El empresario, se vuelve el dictador. Es importante plantear que esto no es simplemente un cambio en la opinión pública. Sino, más bien, la visibilización de una estructura que ya estaba presente en la sociedad chilena, sabida pero no enunciada. La insurrección que vivió el país lo único que hizo fue activar formas de reaccionar y significar los hechos que ya estaban presentes dentro del estado, que de hecho, nunca lo habían dejado. Se visibiliza la incompletitud de la transición a la democracia, y su imposibilidad con la mantención de las estructuras presentes.
Esto viene activar también otro tipo de narrativas dentro de la sociedad civil que se alinean con la idea de “guerra” que promovió Piñera. Así se viralizan a través de Whatsapp mensajes que plantean que hay una “invasión extranjera”, encabezada por ciudadanos cubanos y venezolanos, lo que le daría un carácter comunista. Estas aseveraciones llegan tan lejos que La Tercera, llega a plantear sin pruebas verídicas, que son ciudadanos extranjeros quienes habrían quemado el metro. Declaraciones de las que este medio de comunicación tuvo que retractarse con posterioridad.
Cabe recordar que la realidad que Pinochet vino a imponer en Chile, una realidad de privatización y libre mercado guiada por ideas neoliberales, existió en reacción a otro proyecto político, el de Salvador Allende, y su “vía chilena hacia el socialismo”, que sería su fantasma a lo largo de todo el periodo dictatorial. Esta vía, fue descrita por Salvador Allende como una vía no revolucionaria, pacífica y democrática, se había puesto en marcha a partir de 1970, fecha en que Allende gana los comicios electorales.
La junta militar, tras acceder al poder por la fuerza, dicta como uno de sus objetivos “erradicar el cáncer marxista11”. Esta idea viene a ser repetida por el General de Carabineros Enrique Bassaletti el 22 de Noviembre del 2019, quién en medio de la violencia policial ejercida contra los manifestantes, comparó las protestas que ocurrían en el país, con un “cáncer”, dónde el uso de armas de fuego sería una “quimioterapia” en la que “cuando se busca solucionar ese problema, se matan células buenas y células malas”. Observando así la revuelta y sus demandas, como una enfermedad que no es constitutiva del tejido social, y que, por lo tanto, tal y como se hizo en dictadura, puede ser extirpada.
A pesar de todo, el 15 de noviembre, ante protestas que no parecían cesar, Sebastián Piñera anuncia la realización de un plebiscito nacional en el cual se votará para ver si el pueblo aprueba la realización de una nueva constitución. Tal como la dictadura parece haberse sucedido una segunda vez, el plebiscito, aparataje legal del estado que se usó para destronarla, viene a suceder nuevamente. La toma de la violencia que se ha adjudicado el pueblo chileno ha generado la posibilidad de volverse también constituyente.
III. “La police, ça crève les yeux”: ojos arrancados, implicancias constituyentes
A pesar de las similitudes con respecto al pasado, la política represiva del gobierno ha tenido un elemento novedoso en su accionar en las calles: esta ha sido enfocada en los ojos de los manifestantes. A la fecha 44512 personas han perdido al menos uno de sus dos ojos, por el efecto de perdigones lanzados por Carabineros de Chile, quienes desde Octubre 2019 han comenzado a apuntar directamente, a veces a quemarropa, hacia los rostros de los manifestantes. Esta política represiva, que si bien es inédita en Chile, hace eco con las violencias policiales que se utilizan para reprimir manifestaciones en otros lugares del mundo. Entre ellas, los gilets jaunes, que de acuerdo a la organización “Désarmons-les” cuentan con 25 personas que han perdido un ojo desde el comienzo de sus manifestaciones13.
La periodista chilena Constanza Santa María, parece haber notado este hecho, pues mientras entrevistaba al senador PPD14 Felipe Harboe, el 29 de Enero del año 2020, viene a hacer una comparación directa de ambas situaciones: “[…] cuando se compara con otros países, en Francia, por ejemplo, cuando uno ve el actuar de la policía frente a los manifestantes cuando están provocando incidentes es bastante duro. Yo no estoy justificándolo, pero siempre miramos a los países desarrollados como un ejemplo y en Francia ha habido, en los últimos tres meses cientos de personas, por ejemplo, heridas con perdigones en los ojos en un número bastante más alto que en nuestro país y parece que allá no fuera tema y ahí es cuando parece que hay una sobrerreacción en nuestro país15”.
Esta afirmación, con la cual la periodista pretendía defender a Carabineros de Chile, quiénes se quedarían sin herramientas para defender la seguridad pública y a sí mismos de los manifestantes, causa un revuelo inmediato. Esto pues sostiene que en Francia las violencias policiales no causan tanta agitación como en Chile, y que, por lo tanto serían algo aceptado por esta sociedad, que es más “desarrollada” que la nuestra y que por lo tanto, de acuerdo a lógicas coloniales de larga data, estaría en lo correcto.
Cabe recalcar aquí la direccionalidad establecida por la periodista, y su intento débil de situar estos hechos dentro de una linealidad, en que Chile, país sub desarrollado y que se escandaliza por la pérdida de ojos, avanzaría a ser como Francia, país desarrollado que lo permite y acepta como normal. Avance que, de acuerdo a la periodista, sería hacia una progresiva aceptación de la brutalidad estatal hacia sus ciudadanos. Cabe recalcar esto, pues lo que ocurre parece ser precisamente lo contrario. Chile es el país dónde el proyecto económico neoliberal se impuso por la fuerza, sin consentimiento de la población, lo que parece efectivamente ser lo que Macron hace al llevar a cabo las reformas de orientación neoliberal que promueve su gobierno.
Observamos entonces una violencia policial, que parece tener plenamente funciones soberanas, que se marca de los cuerpos de los insubordinados, la necesidad de persuadir o dialogar parece haberse esfumado. Una violencia que no respeta la ley pues la hace en acto.
En Chile, donde la historia autoritaria es reciente, los efectos de la violencia ejercida por militares y carabineros contra los manifestantes son más radicales, excediendo lo que es permisible en Francia16 hacia las poblaciones, en general blancas, que manifiestan. Así tenemos un estado que se ha esmerado en negar que los repetidos informes de derechos humanos, desde el instituto nacional de derechos humanos y amnistía internacional que condenan su violencia. Sin embargo, es este uso y abuso de la fuerza por parte de la policía y los militares, que han violado abiertamente las leyes del estado, lo que ha logrado des-legitimar a este estado frente a su población. Un estado criminal deja de ser legítimo. Esto, paradójicamente, es lo que ha permitido abrir espacio para legitimar el uso de la violencia que se han adjudicado quiénes participan de la insurrección17.
Es en esta crisis de legitimidad de la democracia chilena, la que ha sentado las bases para que la administración de Piñera ceda la posibilidad dirimir mediante un plebiscito la posibilidad de una nueva constitución para chile, constitución que apuesta por la posibilidad de cambiar las reglas del juego en el conocido laboratorio del neoliberalismo, y que abre la posibilidad de que, efectivamente “Chile sea el lugar dónde el neoliberalismo nace y muere”, como profesa uno de los eslóganes del movimiento social.
Cabe preguntarse ahora: ¿Acaso el devenir constituyente del proceso chileno pueda atizar la imaginación política más allá de las propias fronteras de este país sudamericano? Esto es algo que aún queda por verse, y probablemente dependerá de los resultados del plebiscito a realizarse el próximo 25 de octubre18. Pero, tal y como dijo Armando Uribe hace ya 20 años en la Sorbona: “Hay que reconocer que todos nosotros tenemos un pequeño Pinochet adentro. Incluso en Europa.” Quizá este fantasma autoritario, que se visibiliza en el accionar de estos dos estados, pueda encontrar en Francia, como en Chile, los medios para su exorcismo.
Epílogo
El pasado 25 de Octubre, el 78,26 % de los votantes respondió “Apruebo” ante la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. Asimismo, el 79, 78% eligió Convención Constitucional como su organismo redactor, aprobando con esto el establecimiento de una carta magna escrita en su totalidad por miembros de la sociedad civil, y en paridad de género. Esta apabullante victoria se replicó en la mayor parte de las comunas de Chile, excepto en tres de ellas: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Las tres comunas de la capital donde vive la población con más altos ingresos, y que ostenta el poder político y económico del país, mostrando la estrecha conexión entre intereses de clase y votación en este plebiscito.
El resultado de esta votación, viene a confirmar el devenir constituyente del estallido social que comienza en Chile en Octubre 2019, visibilizando también su potencia para abrir una nueva forma de hacer política que parece permitir la entrada a esta de clases en general excluidas.
La noche de ese mismo día el presidente Piñera daba un discurso desde la Moneda. Con todo su gabinete a sus espaldas, enmascarado de acuerdo a las consignas sanitarias del COVID-19, felicitó la decisión popular por el “Apruebo”, desmarcándose implícitamente de la opción “Rechazo” sostenida por la mayor parte de su coalición política. Celebrando esta última como un triunfo de la paz sobre la violencia, también cómo un triunfo del diálogo y del acuerdo. Mientras esto sucedía, miles de personas se reunían con banderas y cánticos, a celebrar en la Plaza Dignidad, en relativa indiferencia a las palabras del presidente de la república y a las arremetidas de Carabineros de Chile que intentaban expulsarlos del lugar. En esta multitud alegre, parece reinar la comprensión de que si bien la política electoral y la redacción de una nueva constitución abren la posibilidad de una vida mejor, libre de los amarres neoliberales impuestos por la constitución pinochetista, lo esencial de lo político permanece en la calle, en las acciones concretas que demandan y crean una justicia aún por venir19.