Introducción

El 27 de septiembre de 2019, un grupo de defensoras de migrantes se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para denunciar al Estado mexicano por las violaciones cometidas contra personas migrantes retornadas a México tras pedir asilo en Estados Unidos1. Luego de que este grupo de abogadas y activistas presentasen sus argumentos y que el gobierno mexicano respondiera a ellos, la Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena, mencionó:

“El tema de las listas me parece que es una situación muy seria y muy difícil. Esto es una responsabilidad de los Estados. Nosotros (en la Comisión) les preguntamos a las autoridades de Estados Unidos y nos dijeron: « No. Nosotros no sabemos quién tiene la lista ». ¡Pero la lista es clave para evitar las violaciones múltiples que representa este momento de regresar a México! Porque el problema no es sólo regresar a México sino es estar en esa lista para avanzar… Esto lo están aprovechando el crimen organizado y la gran economía de la trata2.”

La Presidenta de la Comisión se refería a las listas con los nombres de los demandantes de asilo, las cuales se utilizan en Tijuana y en la frontera norte de México desde el arribo masivo de haitianos en 2016. Desde entonces, en un cuaderno informal se apuntan en esa lista, las personas que esperan en México una entrevista con las autoridades migratorias norteamericanas.

Las listas y la espera que deben realizar los demandantes de asilo en la frontera son parte de las nuevas condiciones que definen los procesos migratorios. En ellos, destaca la centralidad que ha adquirido la demanda de protección internacional, ya sea bajo la figura de asilo o refugio, en los procesos de migración y movilidad humana3.

En este artículo4, al describir los procesos involucrados en las listas y en las demandas que hacen los migrantes para obtener la protección internacional, espero mostrar la forma en que se gobiernan las migraciones en la actualidad. Me interesa en particular, observar cómo opera la criminalización e ilegalización migrante a través del uso de este sistema de listas. En las siguientes páginas, describiré estos procesos con el fin de demostrar que asistimos a un régimen de fuerza migratorio donde la ley ocupa un lugar destacado.

Como sabemos, frente a un fenómeno cada vez más masivo y constante como son los movimientos migratorios de personas en busca de obtener protección internacional, los Estados han reaccionado mediante diferentes estrategias complementarias. En algunos casos es a través del reforzamiento de la vigilancia y el control fronterizo. En otros es con el aumento del personal policial y militar. También con el uso de sistemas de alta tecnología de identificación y detección de personas. Y por supuesto, con el uso de la ley.

En este trabajo, voy a discutir estos problemas precisamente observando el papel de la ley en ellos. Para hacerlo, será necesario considerar a la frontera como un espacio donde se dan cita todo tipo de luchas de frontera y más específicamente, de luchas legales. Esto significa que la frontera se presenta como un espacio donde confluyen situaciones de caos y desorden conviviendo con procesos de ley. Un espacio donde la ley se complementa y refuerza con la ilegalidad. Un territorio donde a medida que aumentan los mecanismos y estrategias de los Estados para ilegalizar a las personas migrantes, en esa misma magnitud se refuerza el poder de la ley y se fortalecen las fronteras del Estado.

Para analizar estos temas debemos considerar que, legalmente hablando, en los albergues y centros de acogida de Tijuana encontramos dos categorías de personas: deportados y demandantes de protección internacional. En este trabajo me detengo en la observación de los buscadores de asilo o refugio. Sin embargo, varias de las situaciones que menciono sirven también para describir las experiencias de personas deportadas.

La mayor parte de la información de campo y los testimonios de migrantes y activistas legales5 provienen de una estancia de terreno realizada en Tijuana en el verano de 2019. Allí pude trabajar con activistas legales y defensores, además de migrantes provenientes de países centroamericanos, africanos, mujeres mexicanas desplazadas de territorios en conflicto y deportados desde Estados Unidos que son enviados a Tijuana6.

En la primera parte del texto presento una descripción general de Tijuana y de la frontera norte. Luego explico los procesos de criminalización de migrantes y las nociones y conceptos involucrados. En las siguientes secciones explico de manera detallada las listas y las situaciones que origina la espera para la cita en la Corte de Inmigración en Estados Unidos. Al finalizar, espero demostrar el papel que tiene la ley en la forma en que se gobiernan las migraciones en la actualidad7.

Tijuana y la frontera norte

El escenario donde todo esto ocurre es Tijuana. La ciudad se ubica en el extremo noroeste de México justo en la frontera con Estados Unidos, hecho que ha llevado a que sea definida como “la esquina de Latinoamérica”. La frontera de México con Estados Unidos representa más de 3,000 kilómetros de largo y se producen allí la mayor cantidad de cruces documentados e indocumentados del mundo.

Dentro de esas dinámicas, la ciudad de Tijuana es la frontera terrestre más transitada, y además, la frontera que separa a los países más desiguales entre sí. De acuerdo a los datos de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés), para el 2019 tan solo en el puente fronterizo de San Ysidro ubicado en la frontera de Tijuana, cruzaron 20,000 peatones y 70,000 vehículos diarios en promedio8.

Al igual que las otras ciudades fronterizas, Tijuana es el resultado de la línea divisoria de ambos países, misma que quedó establecida luego de la derrota de México en la guerra con Estados Unidos y de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. A lo largo de la frontera, luego de este momento histórico, comienzan a crearse estas concentraciones urbanas, varias de las cuales surgen tanto en México como en Estados Unidos bajo la forma de ciudades gemelas (twin cities). Este es el caso de Mexicali y Calexico, Ciudad Juárez y El Paso, Piedras Negras y Eagle Pass y Ciudad Acuña y Del Rio. Tijuana no tiene del otro lado una ciudad gemela, pero a corta distancia está San Diego, ciudad importante de California con la cual Tijuana guarda enormes vínculos sociales y económicos.

Bajo una perspectiva social y cultural, Tijuana y el norte de México deben ser leídos en sus propios términos. Esto significa que más que analizarlos como parte de la línea divisoria, es preciso pensarlos como zona fronteriza o borderland (Anzaldúa, 1999; Saldivar, 2006; Besserer et al., 2008). De esta manera, se puede comprender que este espacio representa un universo cultural híbrido, donde la yuxtaposición de elementos estadounidenses y mexicanos dan forma a una continuidad y disrupción asociada a esa vinculación con estados nacionales diferenciados.

Pero también la frontera es un proyecto siempre inacabado. Un lugar en constante configuración y reconfiguración (Gil, 2020), donde cada nuevo proceso de inmigración y emigración, y cada nueva ley y acción política de los Estados reconfigura la frontera misma. En este sentido, Candiz y Basok remarcan el carácter performático de la frontera, en donde las acciones de diversos actores, como son los agentes del Estado, migrantes, activistas y defensores, afectan la configuración misma de la frontera. Las acciones de unos impactan las respuestas de otros, haciendo que la frontera misma se forme y reforme cientos de veces (Candiz y Basok, 2020).

Desde hace mucho tiempo que Tijuana ha sido un lugar histórico de arribo de migrantes, en gran parte por ser la puerta de entrada para el rico estado de California. En este sentido, Tijuana puede ser definida como una plaque tournante, una especie de plataforma donde muchos llegan o se quedan. Otros se mueven desde aquí, hacia otras zonas de la frontera en su intento por llegar a Estados Unidos o permanecen largas temporadas en espera de la oportunidad de cruzar bajo diferentes estrategias cuando la ley no les permite hacerlo de forma documentada.

La ciudad de Tijuana ha sido testigo de los cambios que han ocurrido en los procesos migratorios. Aunque este artículo aborda el momento contemporáneo en la frontera, no está demás mencionar a grandes líneas lo que ha ocurrido en los últimos 30 años puesto que es allí cuando se van a ir instalando los grandes procesos que vemos hoy en día.

Desde los años ochenta hasta el 2000, la ciudad es testigo de un patrón de movilidad caracterizado por la presencia de hombres solos que llegaban con el objetivo de alcanzar su “sueño americano”. Muchos de estos hombres venían desde distintas regiones de México y algunos desde Centroamérica. Posterior a esa época, comienza un período de deportaciones que se asocia al, por entonces, nuevo discurso de lucha contra el terrorismo y las nuevas políticas de seguridad que surgieron en el mundo después de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, algo que Nicholas De Genova ha definido como la Guerra Global contra el Terror (2016).

Estos cambios afectaron profundamente el trabajo y las estrategias adoptadas por los albergues. Con las deportaciones masivas, se explica en una publicación del albergue Casa del Migrante, ellos comenzaron a atender a un 90 % de población deportada y sólo un 10 % de población migrante que venía en busca de cruzar a Estados Unidos (Casa del Migrante, 2017). Con ello, no sólo este albergue sino varias organizaciones e instituciones de apoyo a los migrantes tuvieron que modificar sus lógicas de trabajo. Varias instituciones comenzaron, en este sentido, a ir más allá de una línea de acción de asistencia humanitaria para incorporar un enfoque que contemplase los procesos de integración a la sociedad mexicana de parte de esta población deportada.

Cuando los albergues no se reponían de los enormes efectos que estaban provocando los cambios asociados a los regímenes de deportación (De Genova y Peutz, 2010), en 2016 llegaron los haitianos y personas de otras nacionalidades demandando el derecho al asilo. Se calcula que entre mayo y septiembre de 2016 llegaron a Tijuana unos 20,000 haitianos en busca de recibir la protección internacional en Estados Unidos.

Los migrantes haitianos venían, en su mayoría, de Brasil, país al que habían llegado después del terremoto que asoló la isla en 2010. Su llegada a Tijuana cambió todas las lógicas de trabajo para los activistas que defienden los derechos de las personas migrantes, colocando el tema del asilo y el refugio en el centro de los debates migratorios.

La transformación fue impresionante para Tijuana. La Casa del Migrante consignó en sus registros, durante 10 meses de ese 2016, a solicitantes de asilo de unas 32 nacionalidades distintas, la mayor parte (65 %), provenientes de Haití. A ellos se fueron sumando migrantes centroamericanos, mexicanos desplazados, y migrantes extra-continentales de África y de Europa del este.

Las abogadas que trabajan en la defensa de las personas migrantes son conscientes de estos cambios y del impacto de la demanda de asilo en su trabajo cotidiano. Como me explicó la activista legal VS, “[…] los haitianos llegaron pidiendo asilo y eso fue masivamente algo nuevo para nosotras. De hecho podríamos decir que el arribo de los haitianos llegó a modificar sustancialmente todo el patrón que conocíamos de migración. Modificó nuestro trabajo, nuestro enfoque, todo. Todo cambió también en Tijuana” (Entrevista en Tijuana, mayo de 2019).

Y esas transformaciones tuvieron efectos en la composición demográfica de las migraciones en la ciudad de Tijuana. También tuvo efectos en la creación de nuevas organizaciones de defensa de migrantes. Antes de 2016 en Tijuana habían 6 albergues. Después del arribo de los demandantes de asilo se llegaron a contabilizar más de 40 de ellos surgidos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas de diversa confesión. Varias de estas organizaciones incorporaron, como un eje clave de su trabajo, la asesoría legal para aquellas personas que buscaban protección internacional.

Conceptos para entender estos procesos

Antes de continuar, conviene apuntar los conceptos y el enfoque que nos ayudará a entender los fenómenos que interesa analizar en este momento. Para ello, es importante reconocer la coexistencia de tres procesos paralelos y complementarios que ocurren en esta frontera. Primero, me refiero a todos aquellos mecanismos que hacen posible la producción de un régimen de fuerza migratorio donde la ley es central. Junto a ello, están las estrategias que utilizan los migrantes para hacer frente a ese régimen de fuerza. Y como tercer proceso, destaco todo el activismo legal y organizativo que apoya, acompaña y aconseja a las personas migrantes.

Estos procesos le brindan un enorme dinamismo a las fronteras y a los procesos migratorios. Para una comprensión más amplia, necesitamos de un marco conceptual que sea también dinámico y capaz de trazar una lectura de conjunto.

Como sabemos, los estudios migratorios no constituyen un campo unilineal ni coherentemente delimitado de estudios sobre la movilidad humana. Al contrario, se trata de campos diferenciados, con trayectorias e intereses muy diversos y donde las disciplinas se han ido entrecruzando unas a otras en prestamos e influencias mutuas.

En los últimos veinte años, una parte de esa literatura ha recogido de los estudios críticos de la migración y de las investigaciones de frontera, el interés por comprender la criminalización de las migraciones. La mayoría de esos estudios se han realizado al interior de Estados Unidos y han recogido, de las teorías posestructuralistas, las nociones de biopoder y gubernamentalidad para comprender el rol de los Estados en todo esto (Menjívar, 2006; Abrego et al., 2017; Gonzales y Chavez, 2012).

En mi opinión, varias de estas nociones pueden ser especialmente útiles a la hora de analizar las formas en que los Estados construyen mecanismos de control y vigilancia. Sin embargo, ellas también pueden darnos un panorama no del todo completo sobre lo que esta pasando. Al insistir en las dimensiones estructurales de la biopolítica, podemos terminar dejando de lado las prácticas cotidianas de los migrantes y activistas en los albergues. Considero que el riesgo más importante es que terminemos por desdibujar el papel de los migrantes y todas las estrategias que utilizan para hacer frente a esos procesos biopolíticos.

En este trabajo voy a recoger algunas de estas ideas sobre biopolítica para comprender el papel de la ley en los procesos de criminalización. Pero para ampliar las posibilidades de interpretación, voy a considerar las dos acepciones de vida que incluye el concepto biopolítico (Esposito, 2006). Esto significa que hay una dimensión negativa y trágica, la cual contrasta con aquella concepción productiva y positiva. Como explica Roberto Esposito, el sentido negativo de la biopolítica incluye la noción de vida desnuda objeto de técnicas de control y dominio biológico. Al pensar el caso del gobierno de las migraciones en sentido de biopolítica negativa, nos referimos a lo que ampliamente la literatura a documentado como técnicas de dominio y control. Por ejemplo, Leo Chavez y Roberto Gonzalez (2012) explican que las prácticas biopolíticas de ciudadanía y vigilancia se expresan en los documentos de inmigración, los formatos de empleo, de impuestos, los certificados de nacimiento, licencias de conducir, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y seguro medico. Todo un arsenal de papeles que terminan por definir y limitar las vidas migrantes y sus acciones futuras.

La mayor cantidad de trabajos que han utilizado estas nociones lo han hecho enfatizando la dimensión negativa de la biopolítica. Pero también están aquellas dimensiones positivas y productivas. Con ellas, nos referimos, siguiendo a Esposito, a que la vida tiene, además, una dimensión como política vital que resiste al biopoder. Ella se basa en la posibilidad y productividad propia de la vida. En la potencia de vida que intenta siempre escapar a la regulación y a la dominación.

Cuando pensamos en las migraciones en un sentido de biopolítica positiva, nos referimos a todas aquellas experiencias y proyectos migratorios donde las personas están continuamente escapando a la muerte y la violencia para alcanzar formas de vida más positivas. En Tijuana un rasgo actual de muchas personas que llegan a esa frontera, es que precisamente ellas vienen huyendo de una multiplicidad de violencias, a veces causadas por actores privados criminales, a veces de proyectos empresariales que causan crisis ambientales y otras más, de autoridades y gobiernos que violan derechos básicos de las personas.

Utilizar una noción amplia de la biopolítica nos permitirá entender no sólo el papel de los Estados en la construcción de un sistema de control y vigilancia, sino del rol de los migrantes y activistas para enfrentarlos. Con ello, será posible observar la capacidad de agencia de las personas. Aunque sus vidas pueden estar siendo constreñidas por el Estado y otros actores, ellos se informan, preguntan y forman alianzas en sus tránsitos y en la ciudad de Tijuana de modo de lograr una autonomía en sus movimientos y en el horizonte de sus vidas. Si bien es cierto que, en mi opinión, no los podemos definir como héroes contra el imperio (Hardt y Negri, 2005), es preciso indicar que todo acto de migración es también un acto de contestación. Se trata de formas de resistencia y de agenciamiento para escapar de situaciones que constriñen la existencia y acercarse, aunque sea en parte, a formas de vida y de paz social. Al moverse en este sentido, podemos pensar entonces a las migraciones, en la actualidad, como movimientos estratégicos insertos en una biopolítica que oscila entre sus cualidades positivas y negativas.

Criminalización de migrantes y frontera jurídica

Las dos dimensiones que acabo de mencionar están presentes en Tijuana. Una vez que los migrantes llegan a esta frontera o probablemente antes en algunos casos, descubren que su principal problema es la falta de documentos de estancia legal en el país (Suárez Navaz, 1999). En Tijuana, ellos toman bastante conciencia de su ilegalidad. Luchan contra ella y desarrollan estrategias para escapar de esta situación, una de las cuales es tratar de cumplir con los criterios de elegibilidad para obtener la protección internacional.

Por estas razones es que varios estudios sostienen que para las personas migrantes, el estatus legal es lo principal en sus vidas, determinando muchos planes y modificando todo el tiempo sus circunstancias (Suarez Navaz, 1999; Menjívar, 2006; Dreby, 2015).

Es importante destacar que, a pesar de la centralidad que tiene la ley, no hay nada natural ni evidente en los procesos de ilegalización de las migraciones. Tal como lo explica Aviva Chomsky, hay una evidente perversidad en las leyes migratorias estadounidenses que transforman a algunas personas en ilegales. La ilegalidad para esta investigadora, es una necesidad del nuevo orden mundial que no es otra cosa que un sistema de apartheid global (Chomsky, 2014, p. 12-14).

El apartheid global, de acuerdo a esta autora, supone que se tienen derechos sólo en el lugar en el que se nace. En este sentido, “la ilegalidad migrante se suma a esas nuevas iniquidades que separan al norte del sur global, a ricos de pobres, a ganadores de los perdedores del patrón de acumulación” (Chomsky, op. cit., p. 14).

Este es el contexto de lo que ocurre en Tijuana y en la frontera norte a donde llegan miles de migrantes todos los días y todos los años, quienes encuentran cada vez mayores dificultades para obtener una estancia legal en Estados Unidos, dificultades que se reproducen también en el caso de quienes deciden regularizarse en México. En este sentido, su situación confirma que en la frontera vivimos momentos turbulentos anti-inmigrantes y de criminalización (Abrego et al., 2017).

Desde este punto de vista, podemos demostrar que para los migrantes, la frontera norte de México con Estados Unidos se presenta también como una frontera jurídica. Una frontera que irán descubriendo poco a poco gracias a la ayuda de otros migrantes que les informan y les aconsejan, y en gran parte gracias a la ayuda de los activistas legales. Se entiende que es una frontera jurídica porque en ella encontramos un complejo abigarramiento de leyes, normas y prácticas legales que se combinan con normas y acciones cotidianas ilegales, abusivas y violatorias de los derechos de las personas demandantes de asilo. En un sentido más amplio, esa frontera jurídica contribuye a que el apartheid global del que hablamos sea también un apartheid jurídico.

En esa frontera, la criminalización y la ilegalización de poblaciones migrantes ha sido una constante en estos últimos 30 años. Debido a ello, se ha terminado por limitar el derecho de las personas migrantes al debido proceso, ampliando la lista de ofensas consideras causales para la deportación y expandiendo el aparato de control de la inmigración (Abrego et al., 2017).

Derivado de esto, se ha demostrado cómo las leyes alteraron profundamente el significado de lo que es un delito grave en Estados Unidos (felony), convirtiendo las violaciones a las leyes migratorias ya no en un asunto administrativo sino criminal (Abrego, op. cit., p. 698).

Sus resultados han sido efectivos puesto que, al combinarse con discursos que definen a los migrantes como un peligro, terminan por construir la idea de que todo esto es necesario para dar orden y seguridad a las fronteras y a la nación.

Conceptos utilizados en Estados Unidos y, por su influencia también en México, como “criminal aliens”, “lucha contra el terrorismo”, “invasión de migrantes”, etc., contribuyeron a la construcción de un lenguaje específico que justificó y legitimó las políticas antiinmigrantes de países como Estados Unidos, haciendo ver su misión en el mundo como una tarea urgente para poner orden a las nuevas fronteras salvajes y a un mundo sin reglas (De Genova, 2010).

El resultado de todo esto es que las personas migrantes han sido profundamente afectadas, puesto que se combinan en ellas, la discriminación basada en el estatus legal (Dreby, 2015) con sus experiencias de pobreza y racismo (Gonzales y Chavez, 2012).

La ley ocupa un lugar central en la matriz de exclusión que viven las personas migrantes. Por estas razones, Abrego y sus colaboradoras definen esto como “violencia legal” para remarcar los efectos dañinos inmediatos y de largo plazo. Pero en ningún caso estas violencias legales deben ser vistas como situaciones puntuales, nos dicen estas autoras, al contrario, se trata de una violencia legal sistemática que, al hacer converger las leyes de inmigración con las leyes criminales, produce un efecto profundo en las personas.

Tal como veremos en los apartados siguientes sobre las situaciones acaecidas en Tijuana, las personas migrantes experimentan varias situaciones posibles y contrapuestas. La ley se abre en un abanico de posibilidades y limitaciones que ellas han de evaluar todo el tiempo, buscando las mejores estrategias para continuar el viaje.

Las situaciones pueden ser muy diferentes para unos y otros. Algunos migrantes en Tijuana continuaran sus procesos de solicitud de protección internacional y esperaran meses y hasta años para tener una respuesta definitiva de la Corte de Estados Unidos. Otras tomaran conciencia que su caso no se podrá sostener en las Cortes y decidirán cruzar la frontera como sea. A riesgo de sus propias vidas y las de sus familias. Otros, en cambio, decidirán buscar opciones en la misma ciudad o en otro punto de la frontera. Esperaran, entonces, obtener el mejor empleo posible y de ser el caso, intentaran nuevamente cruzar la frontera de manera indocumentada.

Los migrantes, instalados en la tensión entre esa biopolítica negativa que constriñe sus vidas y aquella positiva que les permite actuar y no esperar pasivamente a que las cosas sucedan, dibuja un escenario que la mayor parte de los migrantes experimentan bajo un estatus legal incierto (Menjívar, 2006). Se trata de vidas inscritas en una temporalidad permanente (Bailey et al., 2002). Una persistente inexistencia legal – legal non-existence – tal como lo define Susan Coutin, que se entiende como estar físicamente presentes y socialmente activos pero sin reconocimiento legal (Coutin, 2000).

Como vemos, esta legalidad liminal se caracteriza por su absoluta ambigüedad (Menjívar, 2006, p. 1008). Se trata de un espacio liminal donde « la ley mantiene la frontera que estas personas experimentan entre vivir en el país y ser parte del país, por lo cual sus vidas desnudas son mantenidas al margen del orden político » (Gonzales y Chavez, 2012, p. 256).

De esta manera, la ilegalidad de las personas migrantes puede ser vista como una forma de gubernamentalidad en medio del caos y la ley, todo lo cual tiene amplias repercusiones en sus vidas. Debido a la permanente posibilidad que tienen los migrantes de vivir fuera de la ley sin reconocimiento legal alguno, la ilegalidad se experimenta como un aprendizaje constante para los migrantes, para quienes la ley les impone los límites que debe tener su conducta y los límites que tiene su proyecto migrante.

El papel de México en este contexto

Los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en materia migratoria no son públicos y claros para todos los actores. Cuando comenzó la nueva administración presidencial en México en diciembre de 2018, parecía que estábamos entrando a una nueva etapa de puertas abiertas en materia migratoria. Parecía ser así, porque luego de que México fuera de los primeros países en firmar el Pacto Mundial de las Migraciones en ese diciembre, en enero de 2019 entregó más de 13,000 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias en la frontera sur a miembros de la caravana de migrantes que salió de Honduras ese mismo mes.

Esta noticia se esparció rápidamente entre los potenciales migrantes de Centroamérica, pero tan rápido como se esparció la noticia, tan rápido México volvió a cerrar sus fronteras, todo esto bajo la presión de Estados Unidos. En efecto, luego de este corto período favorable para las personas migrantes, México cerró sus fronteras, envió a miembros de la Guardia Nacional (GN) a la frontera sur9, con lo cual, en un lapso de 6 meses, de enero a junio de 2019, la detención de migrantes indocumentados subió en un 353 %10.

México, en este sentido, es un ejemplo ilustrativo de lo que la literatura ha denominado la “externalización de las fronteras”. Esto significa que Estados Unidos ha logrado que su control fronterizo se haya externalizado más allá de sus límites territoriales (Boyer, Paris y Lestage, 2018; Maillet et al., 2018). De esta manera, este país ha logrado imponer una especie de control remoto (Zolberg, 2003; Fitzgerald, 2019) donde México ocupa un lugar clave, tal como Turquía, Marruecos y Libia lo son para las fronteras de Europa (De Genova, 2016).

Aunque la externalización supone que el Estado que recibe a las personas buscadoras de asilo debe ofrecer las mínimas condiciones, lo cierto es que las personas en Tijuana viven expuestas a muchas violencias, con escasos recursos donde, además, su estatus legal continúa siendo incierto. En la espera para su próxima cita, migrantes ingresan a un espacio-tiempo jurídico dominado por la duda, la indefinición y cuyos únicos apoyos que reciben provienen casi de forma exclusiva, de la solidaridad de los albergues, de activistas y de la sociedad civil.

Las personas migrantes habitan, entonces, un limbo jurídico que da forma a una vida en la liminalidad legal. En esas condiciones, las abogadas de migrantes en Tijuana destacan que ellas quedan más expuestas a una variedad de violencias diferenciadas,

“Como defensora es cada vez más doloroso acompañar casos de secuestros, extorsión y robo especialmente a mujeres atemorizadas de que sus hijos les sean arrebatados. Además, ellas viven la persecución y hostigamiento en operativos conjuntos de la GN, el INM y la Policía Federal. Lo único que ofrece el Estado mexicano a las personas retornadas por el MPP11 es un papelito, una forma migratoria múltiple que no les permite trabajar, estudiar ni acceder a los servicios de salud. En ese contexto de abandono institucional la única ayuda proviene de albergues, sociedad civil y asociaciones religiosas sin ningún financiamiento público” (Declaración de S. V. ante la CIDH, septiembre de 2019).

Aunque el trabajo de asesoría legal y de asistencia humanitaria en las organizaciones es muy variado y se construye desde puntos de vista muy distintos, hay coincidencia entre activistas sobre la complicada situación para los demandantes de asilo.

VA, Directora del albergue DD, me explica que

“Los norteamericanos trabajan mucho a nivel de la cabeza del migrante, ellos van a torturarlo psicológicamente para que se rinda y desista en su proyecto de ir a instalarse a Estados Unidos. La ley migratoria en ese país esta llena de vacíos. Ellos están cuidando el debido proceso por miedo a que los demanden. Ellos dicen: ‘Yo cuido el debido proceso. Yo te voy a recibir. Yo te voy a oír’. Pero luego les hacen firmar papeles en inglés que ellos no entienden, los hacen esperar en las ‘hieleras’12 y les obligan a enfrentar sus casos sin un abogado que los defienda” (Entrevista en Mexicali, junio de 2019).

Ante todo este panorama extremadamente difícil para obtener el asilo, algunos migrantes deciden solicitar la protección en México bajo la figura de Refugiado. Precisamente debido a las dificultades cada vez mayores para conseguir el estatus de asilo en Estados Unidos, en la COMAR se han multiplicado las solicitudes de refugio desde 2018. Según diferentes fuentes, en el primer semestre desde la creación del MPP, las solicitudes de protección al gobierno mexicano se han elevado en 196 %13.

A pesar de que muchas personas inician el trámite para la protección en México, me explica CR, una de las abogadas de COMAR en Tijuana, cuando llegan las resoluciones que se toman en Ciudad de México, a veces las personas no se presentan porque ante la larga espera, han tomado otras decisiones y han decidido cruzar por sus propios medios. Por estas razones, algunas abogadas piensan que, en realidad, muchas personas solicitan el estatus de refugiado en México para ganar tiempo y para esperar legalmente y así poder cruzar la frontera cuando las condiciones sean favorables.

Después de haber revisado el papel de México en esta situación, es posible sostener que sus acciones son complementarias a las que realiza el gobierno de Estados Unidos. Todo ello, repercute fuertemente en los procesos y en las experiencias que migrantes diferentes habrán de vivir.

A esta situación, se suma el hecho de que todo esto genera una gran economía de la vigilancia y un dinamismo comercial importante. Por ejemplo, desde la elección de Trump en Estados Unidos, se han abierto 40 nuevos centros de detención de migrantes en la frontera sur de ese país, mismos que quedan en manos de la iniciativa privada.

En un reciente informe de la Unión de Derechos Civiles de América (ACLU), junto a Human Rights Watch y al Centro Nacional de Justicia para los Migrantes, se indica que desde el 2017 los procesos de deportación en EEUU han aumentado en un 50  %. Para todo esto se necesitan cárceles o centros de detención, tecnologías sofisticadas de identificación y toda una economía política de la vigilancia y el encierro. Por esto es que no extraña que, para el próximo año de 2021, Trump ha solicitado un presupuesto de 4,100 millones de dólares con el objetivo de aumentar las detenciones diarias.

Es decir, la ilegalidad de las migraciones y todos los sistemas de seguridad que se crean a su alrededor confirman que esto es, además de todo lo que hemos explicado, un gran negocio que refuerza la industria de la migración.

Las listas y los turnos en el puerto de entrada para Estados Unidos

A partir de la experiencia vivida, los migrantes son quienes, probablemente, están más al tanto de su situación legal. Al llegar a Tijuana, quienes aún no lo han comprendido del todo, terminaran por entender que viven fuera de la ley. Es debido al poder de esas leyes y a sus efectos, que las personas migrantes son hiperconcientes de la ley (Menjívar, 2011). Esa conciencia se combina, luego, con una cultura del miedo y la ansiedad que se internaliza a cada paso. Miedo a la detención y a la deportación. Miedo a las autoridades, a las policías y a los delincuentes para quienes las personas migrantes resultan ser sus víctimas preferidas.

Como explica Menjívar, “Los inmigrantes no pueden encarar el laberinto de intratables leyes que pocos pueden comprender hoy día y el régimen de fuerza (enforcement regime) que nunca fue tan efectivo y amplio como lo es hoy, con una vasta red de tecnologías y vigilancia” (Menjívar, 2016, 725).

De acuerdo a las leyes de asilo en Estados Unidos, toda persona que pise suelo en ese país tiene la posibilidad de solicitar su derecho a la protección internacional. Sin embargo, desde hace algunos años este derecho se ha venido minando y haciendo más difícil de obtener para los demandantes de asilo. Con Donald Trump estas limitaciones se han intensificado exponencialmente al punto que podemos decir que asistimos, hoy, a una remodelación de todo el sistema de asilo en Estados Unidos.

Tal como lo explica la Directora en Tijuana, de la organización norteamericana de apoyo legal AL, el gobierno de Trump tiene cientos de demandas presentadas por colectivos en Estados Unidos que defienden los derechos de migrantes. Demandas que en su conjunto, nos hablan de una enorme cantidad de abusos y prácticas ilegales que se aplican contra migrantes y demandantes de protección.

Soraya Vázquez, en la citada comparecencia ante la CIDH que mencioné al principio, sostiene que las organizaciones que defienden a las personas migrantes consideran que las listas son ilegales y que muchas de las cosas que ocurren en las garitas o puertos de entrada para Estados Unidos están marcadas por los abusos, la corrupción y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas. En su opinión,

“Desde junio de 2016 el gobierno de México aceptó colaborar con Estados Unidos para dosificar el ingreso de personas solicitantes de asilo a través de las listas administradas por el INM, por los migrantes y por la sociedad civil. Calculamos que hay más de 40,000 personas esperando su turno a lo largo de la frontera. La arbitrariedad y discrecionalidad en el manejo de las listas ha permitido la discriminación a africanos, haitianos e indígenas. Esto ha permitido la corrupción, la venta de lugares y el pago a funcionarios públicos de hasta 800 dólares para adelantar su turno” (Comparecencia en la CIDH, Septiembre de 2019).

Una vez que los migrantes deciden iniciar su proceso para solicitar la protección internacional, ellas se deben presentar en un puerto de entrada para Estados Unidos. En Tijuana esto se hace en la garita El Chaparral14, a donde cada mañana muy temprano acuden cientos de personas para apuntarse en las listas, recibir un número y esperar así la fecha para su primera cita con un oficial de CBP15.

La primera vez que estuve en la garita fue a comienzos de junio de 2019. Llegamos a las 6h de la mañana. Ya habían unas 200 personas allí y era evidente que varias de ellas habían pasado la noche durmiendo en el suelo cerca de la barrera metálica para asegurar un buen turno al día siguiente. Cuando aparecieron los agentes del INM, puestos del lado interno de la barrera, comenzaron a dar lectura a los números que ese día pasarían a su cita con un oficial de CBP. Entonces se generó un nerviosismo colectivo marcado por la tensión y los gritos que lanzaba personal del INM para ordenar el ingreso y la toma de lista. Africanos ubicados en un sector del espacio, se distanciaban de los centroamericanos que miraban mientras reclamaban mayor rapidez en el paso de lista. Ese día, sin embargo, pasaron sólo familias mexicanas, la mayor parte compuesta por mujeres con sus hijos.

La imagen cada mañana en el Chaparral se repite y nos confirma la arbitrariedad, el desorden y al mismo tiempo, la presencia constante de la ley. Los migrantes pasan con su carpeta y los recibe un funcionario del INM, quienes tratan de desincentivar a las personas para que no continúen con el proceso. Si no lo consiguen, entonces les dan un número que implica que deberán esperar entre 2 y 6 meses para pasar a su primera entrevista con un oficial de CBP.

Como me cuenta HC, Director del Albergue 2J, “muchas de las mujeres que vienen solas van casi a diario a la garita a ver los números y calculan cuando más o menos les tocaría. En tanto necesitan dinero y por eso hay mucha inserción laboral, algunas en las maquilas, otras en la limpieza16”.

El gobierno de México les otorga una Forma Migratoria Múltiple mientras esperan su turno para la entrevista. Este documento confirma que ellas son personas “retornadas” a México bajo el MPP, pero esto no les autoriza para trabajar. Por estas razones, ellas deben buscar estrategias para conseguir pequeños empleos, como acceder a un trabajo con los documentos de otra persona o negociar con los patrones, a quienes parece no importarles su estatus legal puesto que los migrantes trabajan por menos dinero y sin seguridad social. El plan de muchos migrantes, dado que deberán permanecer en Tijuana un largo tiempo mientras esperan la resolución definitiva de la Corte de Inmigración, es rentar un pequeño espacio con otros migrantes que han conocido en el albergue.

Mientras todo esto ocurre, el demandante de asilo debe preparar sus documentos y su declaración para la “entrevista de miedo creíble”. En ésta, la persona debe demostrar en una visita ante un Juez de Inmigración que hay una “posibilidad significativa” de que ha sido perseguido o podría volver a serlo, por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular, u opinión política17.

Activismo legal y disuasión

Es en este punto donde se hace muy visible todo el activismo legal tanto desde el lado mexicano como del lado norteamericano. Varias organizaciones y albergues ayudan a los demandantes a preparar sus documentos y a organizar sus entrevistas en la Corte con el fin de atravesar, con éxito, la frontera jurídica. Una parte significativa de este trabajo consiste en orientar al demandante sobre las posibilidades reales que pueda tener de acceder a la protección internacional y de ser el caso, disuadirlo a buscar otras alternativas como quedarse en México y obtener la estancia legal.

Dentro de las muchas instituciones de apoyo legal, está la organización AL de asistencia legal en Tijuana, quien recibe a demandantes de asilo todas las mañanas para analizar cada caso y su posibilidad en la Corte. “Nos interesa empoderar a las personas sobre sus derechos, como el derecho al asilo”, explica FR, una de las activistas legales que viene cada 15 días desde Los Angeles a apoyar a esta organización.

Sus asesorías son bien concretas, donde tratan de que sean las mismas personas quienes se defiendan dado que uno de los graves problemas es que la mayor parte de los demandantes no cuentan con abogados. AL les ayuda a llenar sus formularios en inglés, les orientan qué cosas decir frente al Juez de Inmigración y cómo armar bien sus casos. Para ello, la recomendación es que los migrantes memoricen bien lo que dirán, elaborando respuestas cortas y precisas con la intención de responder a lo que el Juez está buscando saber.

Pero en AL no aceptan todos los casos sino sólo aquellos en los que es posible obtener buenos resultados. “Recuerda que en Estados Unidos por pobreza no te van a aceptar nunca”, explica FR, por lo cual a determinadas personas les explican que es mejor desistir del intento de obtener el asilo.

La disuasión que desarrollan los activistas legales no siempre es bien recibida por los migrantes, quienes consideran que sus planes migratorios y las asesorías que reciben de parte de este tipo de organizaciones no coinciden del todo. Por ejemplo Bertha es una mujer hondureña que me contó muy enojada que en AL le insistieron en no continuar con su proceso para obtener el asilo. “Parece que ellos trabajan para los gringos”, me dijo, en un tono de disgusto y decepción al mismo tiempo.

La Directora de AL considera que, dada las restricciones cada vez mayores para entrar legalmente a Estados Unidos, puede ser mucho más práctico que las personas traten de conseguir su estancia legal en México. “Nosotros decimos a la gente que Estados Unidos no es el sueño americano, es una pesadilla, así que, si tienen la oportunidad de quedarse aquí, nosotros los ayudamos”.

Como lo han documentado diversos estudios, los migrantes en ningún caso son pasivos frente a todas las dificultades que deben enfrentar. Ellos desarrollan habilidades y estrategias, haciendo cálculos todo el tiempo para evaluar las posibilidades y limitaciones. Sus aliados provienen, en su mayoría, de la sociedad civil, de los activistas, abogados y de las organizaciones que defienden sus derechos, tanto de México como de Estados Unidos (Scheel, 2013; Nyers, 2015).

Además de las muchas dificultades que se pueden presentar en el momento de preparar el caso, una vez en las entrevistas con las autoridades de Estados Unidos, las decisiones pueden ser arbitrarias y estar escasamente justificadas. Un Juez de Inmigración puede simplemente señalar que tal caso “no califica”, sin necesidad de justificar su decisión.

CR es un abogado mexicoamericano que trabaja en la frontera en El Paso, Estados Unidos. Sus casos de asilo son principalmente de mexicanos, donde de acuerdo a su experiencia, el 99 % de ellos son rechazados. “Tienes que comprobar que hay un miedo razonable a regresar. Pero Estados Unidos dice (acerca de las situaciones de los demandantes de asilo) ‘It’s mere criminality’, es decir, es crimen sencillo, común y corriente18”.

De acuerdo a las denuncias, hay muchos abusos y violaciones a los derechos de migrantes cuando ya están en Estados Unidos tratando de avanzar en sus procesos de asilo. Se trata de una política antiinmigrante que se observa cuando son hostigados y amenazados para que desistan. Si a pesar de ello persisten en su intento, los presentan ante un juez. El aspecto más importante para muchos es el juez que recibe el caso. Como explica el abogado CR, “De los 276 Jueces de inmigración que hay en Estados Unidos, la gran mayoría son ex CBP. Entonces le das el puesto y lo dejas juzgar a una persona que trabajó por años deportando y odiando mexicanos. Esa es la persona que decidirá si tienes derecho al asilo y es alguien que tiene 25 años entrenado para jugar ese papel19”.

Ahora bien, una vez que las personas son llamadas para que pasen a su primera entrevista, son enviadas a un centro de detención de ICE, mejor conocido como “hielera”. Luego de un tiempo indeterminado que ellos pasan allí, es un oficial de CBP quien decide si se les aplicará el MPP y se les enviará a México a esperar su cita para la Corte.

Todos los migrantes coinciden en denunciar que cuando fueron detenidos en Estados Unidos, mientras se resolvía su situación, eran enviados a estas “hieleras”. Se trata de espacios donde los policías mantienen el aire acondicionado a bajas temperaturas y con un tipo de luz que se mantiene encendida todo momento, con lo cual muchas personas pierden la orientación y el sentido del tiempo. El lugar se transforma, así, en un espacio casi imposible de soportar. “El Cruz” es un migrante deportado que va a comer todos los días a CM y a cambio colabora en la limpieza y en la preparación de la comida. Él piensa que “[…] los gringos son muy inteligentes. Ellos saben muy bien lo que hacen. Ellos te dicen: sí, vamos a estudiar tu caso, pero mientras debes esperar en esas hieleras. Y es allí donde te van quebrando. Te van destruyendo por dentro en tu voluntad. Y ya cuando sales, ya no quieres nada y sólo esperas salir cuanto antes” (Entrevista en Tijuana, junio de 2019).

El período que las personas migrantes deben permanecer en México es muy variable. Aunque el sistema es nuevo y aún no ha pasado suficiente tiempo como para tener una evaluación definitiva de él, se calcula que la duración del lapso de espera puede ir desde unos meses hasta varios años.

Desde la llegada de la primera ola de migrantes haitianos a Tijuana, en febrero de 2016, los oficiales de CBP en los puertos de entrada comenzaron a aplicar la práctica del metering (dosificación) que consiste en limitar el número de procesos de asilo que recibirán por día. Debido a esta práctica, CBP logró ralentizar los procesos de solicitud de asilo.

En un principio esto trajo mucha confusión en la población migrante, ante lo cual se creó una lista donde todos los que fueran llegando se apuntaran. La lista, en realidad, es un cuaderno sin ninguna formalidad, donde personal del Grupo Beta20, junto a algunos migrantes que se han ofrecido para ello, organizan las filas para que la gente se apunte y dan lectura a las personas que cada día irán pasando a su primera entrevista con un oficial de CBP. Los migrantes que ayudan reciben, a cambio, la promesa del Grupo Beta de adelantar sus lugares para evitar esperar tanto tiempo. El número de personas que podrá pasar cada día es arbitrario y es informado por CBP al Grupo Beta, pudiendo variar entre las 10 ó 20 personas al día.

Tanto el metering como el MPP, así como otras medidas complementarias21, han sido cuestionadas por una variedad de actores diferentes, desde organizaciones locales hasta organismos internacionales. Ellas mencionan que al aplicar estas medidas, el gobierno norteamericano esta violando el principio de no devolución que está considerado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 195122. Es decir, en lugar de que los demandantes de asilo puedan esperar en Estados Unidos a que su caso se resuelva, ellos son devueltos a México para que esperen allí la resolución de la Corte.

Estrategias migrantes

A pesar del fuerte control y las leyes restrictivas que va generando Estados Unidos, los migrantes desarrollan respuestas creativas y diversas. Y para ello, cuentan con el apoyo de activistas y organizaciones que los defienden. Durante el 2019, pude observar una amplia variedad de estrategias utilizadas por ellos, las cuales demuestran varias cosas. En primer lugar, confirman que los migrantes no son víctimas pasivas de la ley y sus restricciones. Segundo, comprueban que ellos buscan opciones apoyados en sus redes, sus familias y comunidades, evitando actuar de forma aislada o individual. Y tercero, estas estrategias muestran hasta que punto los migrantes buscaran hacer uso de la ley como principal medio para lograr sus metas. Si ello no es posible, entonces recurrirán a otros medios como segunda opción.

Todas estas estrategias confirman la tendencia irrefrenable a la vida que tienen las personas migrantes (la biopolítica positiva), con la cual enfrentan todas esas restricciones y violencias legales (la biopolítica negativa).

Una de estas estrategias es trabajar en la documentación del caso. En Tijuana los migrantes comprenden que es necesario documentar bien los casos. Por ello, son muchos quienes solicitan a sus familias en el lugar de origen que consigan « pruebas » para sostener sus testimonios: recortes de periódicos, fotos o videos que muestren la situación de violencia por la cual tuvieron que salir. También documentos oficiales firmados por la autoridad municipal que certifique que los hechos relatados ocurrieron, etc.

No fueron pocas las veces que escuché a mujeres mexicanas desplazadas y en espera de su cita, decir que apenas tenían documentos de sus hijos porque tuvieron que “salir con lo puesto” para no ser asesinadas “por la mafia local”. En cambio, me sorprendía la detallada documentación que traían los africanos, la mayor parte provenientes de África del oeste, quienes directamente hacían su viaje en busca de asilo en Estados Unidos y para ello, portaban grabaciones en el celular, recortes de prensa y documentos oficiales de sus países.

Otra estrategia consiste en confirmar los apoyos de un patrocinador. No todos los migrantes vienen de la misma situación ni poseen la misma condición económica. En el sistema de asilo norteamericano la conexión que tenga un migrante con un patrocinador o sponsor en Estados Unidos es un aspecto definitivo para contar con un buen y completo dosier. Ese sponsor debe tener un estatus legal además de solvencia económica.

Varios migrantes están en comunicación constante con sus familias radicadas en Estados Unidos a la vez que lo están con la familia que dejaron atrás. Normalmente sus parientes son los que irán financiando cada una de las etapas del viaje del migrante. Respecto a estos apoyos, Ernesto me cuenta que desde que salió de Honduras su hermano que está en Carolina del Norte le ha estado enviando dinero. “Me da pena seguir pidiéndole apoyo porque sé que él tiene su familia y que allá tampoco están tan bien”.

Una tercera estrategia observada es el viaje con la familia y con los hijos. Un aspecto nuevo de las migraciones en la frontera es que ahora llegan familias completas, reemplazando el clásico patrón de viaje constituido por hombres solos que, una vez instalados en Estados Unidos, traían a sus familias. El viaje de familias se explica, en gran parte, por la intensificación de las violencias a las cuales están expuestas estas personas en sus localidades.

Pero este viaje en familia también puede ser pensado como una estrategia para tener mejores resultados. Como lo evidenciaron también Candiz y Basok (2020), dado que los migrantes se van enterando de las leyes de asilo en Estados Unidos y descubren ciertos “agujeros” que deja la legislación para poder ingresar por allí, deciden ir con sus familias en busca de protección internacional. Nos referimos a que, en un principio, las autoridades migratorias de Estados Unidos dieron prioridad a familias con niños pequeños. “Los niños son nuestras visas”, les decían los migrantes a Candiz y Basok, lo que demuestra que ellos permanecen informados todo el tiempo sobre cuáles son las limitaciones y las oportunidades que ofrece la legislación. Para el mes de junio de 2019, sin embargo, esa medida se canceló ante la sospecha, indicaron autoridades diversas, de que los migrantes se estuviesen aprovechando de la posibilidad que daba Estados Unidos.

Una cuarta estrategia consiste en el viaje en Caravana. Los viajes en Caravanas o éxodos masivos de migrantes, mismos que se hicieron muy visibles en 2018 y 2019, también fueron estrategias utilizadas por los migrantes para evitar los peligros en la ruta y asegurar la llegada a Tijuana. Estas Caravanas de miles de personas salieron desde Honduras, realizando el largo viaje a través de 3 países hasta llegar a la frontera norte. “Las caravanas son una coraza protectora que al menos dificulta que grupos del crimen te puedan hostigar”, me explicó en una entrevista Andrés Ramírez Silva, Director de la COMAR (Entrevista en Ciudad de México, abril de 2019).

La quinta y última estrategia que mencionaré es el uso de redes sociales. Gracias a las redes, constantemente reciben información, datos y sugerencias de acciones a tomar para lograr sus objetivos. Mucha de esta información circula entre personas de la misma comunidad nacional. La circulación de información es rápida y las estrategias son mantenidas en secreto al interior de la red. Por ejemplo, estando en Tijuana en junio de 2019, a todos nos sorprendió la noticia de que muchos haitianos habían abandonado repentinamente el albergue JE. Esto ocurrió de un día para otro.

Luego de que todos se preguntaban qué habría pasado con los haitianos, nos enteramos que habían llegado a otra ciudad fronteriza ubicada en el estado de Coahuila, porque se habían enterado que por esa puerta de entrada podían entregarse a las autoridades migratorias para esperar dentro de Estados Unidos a que su caso fuera analizado23. Varios de estos migrantes lograron su objetivo y transmitieron el éxito de la meta alcanzada a las abogadas y directivos de los albergues de Tijuana.

Son muchas las estrategias utilizadas y describirlas sería motivo de otro artículo. Me interesa destacar que cada una de ellas impacta en las respuestas que Estados Unidos va construyendo y la forma en que se van generando nuevas normas y leyes para limitar el acceso al asilo.

Para las personas migrantes esta situación es altamente confusa y produce mucha ansiedad. Si el oficial de CBP determina que existe un miedo creíble en esa persona para regresar a su país, entonces él lo canaliza a una nueva cita con un Juez de Inmigración. Si el caso es contrario y se determina que no es susceptible de incorporar a esa persona en el MPP, entonces ellos son puestos en un proceso de devolución acelerada (expedited removal).

En resumen, lo importante es subrayar que las posibilidades que tienen las personas para obtener el estatus legal en Estados Unidos es muy baja. Según fuentes del gobierno, se calcula que el porcentaje de personas que lograran pasar estas entrevistas sobre miedo creíble oscila entre el 1 y el 13 % dependiendo del estado que se trate. Además, menos del 5 % de las personas en MPP pueden contar con un abogado y tendrán que enfrentar sus casos sin representación legal24.

Toda esta situación se complica aún más si tomamos en cuenta que tenemos datos y testimonios sólo de aquellas personas que pasan por los lugares donde se les ha podido registrar. Esas son las personas que visiblemente vemos pero no tenemos una idea precisa de cuántas personas no están en los registros. ¿Cuántas de ellas continuaran cruzando por sitios muy peligrosos y guiados por traficantes? ¿Cuántos desaparecen? ¿Cuántos mueren en el desierto o en el mar? En realidad, tenemos una enorme zona gris de información. Cálculos del gobierno de Estados Unidos sostienen que por cada persona que espera su turno en el MPP, hay 13 personas que estarán cruzando ilegalmente bajo diferentes estrategias25.

Conclusiones

Todas las activistas y los defensores coinciden en que la situación es compleja para los migrantes. La frontera jurídica en el norte de México es cada vez más un muro difícil de penetrar. Aumentan por ello, las personas indocumentadas y crecen a diario las limitaciones para acceder a un estatus legal.

¿Quiénes podrán obtener la protección internacional y un estatus legal documentado? Activistas y abogados saben que, en su gran mayoría, serán aquellos migrantes con mejor situación económica. Migrantes que tengan parientes con ciudadanía y con recursos en Estados Unidos. Estos sponsors harán toda la diferencia puesto que podrán apoyarles con asesoría legal, con redes y con recursos para ir pasando favorablemente cada una de las citas en las Cortes de Inmigración.

Como me explicó la abogada de CM “Para los pobres no dan tarjetas ni nada. Ellos van a preguntar a las garitas y el INM siempre les desincentiva y les recomienda que regresen a sus países y a sus lugares de origen”. Mirado desde este punto de vista, la ilegalidad migrante es otra forma de segregación. Una manera de dividir y separar que se basa en la clase social y en el lugar de origen de las personas. En este sentido, la discriminación por el estatus legal de los migrantes se complementa y fortalece con aquellas discriminaciones de clase, de raza y de género (Menjívar, 2016).

Probablemente el siglo XXI es el siglo donde la discriminación por el carácter indocumentado de las personas se está volviendo central, justamente cuando parecía que el mundo se hacía más global e interdependiente. Pero contrario a lo anunciado por quienes celebraban en los años noventa, el fin de las fronteras y el auge de la circulación global, las restricciones que viven los migrantes son prueba del reforzamiento de las fronteras y del auge de los discursos y sentimientos nacionalistas.

Todo esto confirma que las políticas migratorias aumentan los propósitos racistas y xenófobos en diferentes sociedades (Grillon y Touzet, 2016). En nombre de la seguridad y el orden, diferentes Estados y regímenes de poder multiplican sus arbitrariedades, violencias, muchas de ellas marcadamente legales.

En este trabajo hemos visto cómo, en los últimos años, la ilegalización y criminalización de migrantes ha sido una constante. La ley crea el marco para que todo esto sea posible y nos permite comprender que hoy se gobierna a las poblaciones marginadas del régimen de acumulación, por medio de la exclusión, la expulsión y la ilegalización migrante. La ley, en este sentido, se ubica en el corazón de las formas de gobernar las migraciones contemporáneas, siendo ella misma quien expulsa y excluye a los migrantes. En este sentido, la ley produce a las personas ilegales y crea el delito.

El abogado de El Paso que trabaja con demandantes de asilo y que he citado en este texto, menciona en su entrevista que, dado todo este panorama, “en México se violan los derechos ignorando la ley mientras que en Estados Unidos se violan esos mismos derechos pero utilizando la ley”. En este perturbador sentido, podemos afirmar que nos enfrentamos a regímenes de fuerza migratorios profundamente jurídicos cuya función es ilegalizar a las personas migrantes. En este sentido, se trata de sistemas jurídicos que son, al mismo tiempo, ilegales.

Contrario a la predica liberal del Estado hobbesiano, para las personas más pobres y en situaciones más precarias no hay tal promesa de seguridad. A ellas se les gobierna mediante la inseguridad económica, laboral o vital (Lorey, 2016). Y tal como hemos visto en este trabajo, también se les gobierna mediante la violencia legal.

Sin embargo, el hecho de que veamos a migrantes, demandantes de asilo o de refugio, intentar escapar a estas situaciones y luchar contra esas restricciones, no hace sino comprobar la constante tendencia a la vida, aún en las situaciones más extremas posibles de observar.